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MP no presenta detenido y juez va a la cárcel a conocer recurso Hábeas Corpus
Un juez de la instrucción tuvo que trasladarse hasta un centro de detención en Santiago para conocer un recurso de habeas corpus presentado a favor de un ciudadano que, según la denuncia, permanecía detenido durante cuatro días sin haber sido presentado ante la justicia.
SANTIAGO.- El caso se originó luego de que la defensa alegara que el detenido no había sido llevado ante el Juez de Garantías pese a la presentación del recurso. De acuerdo con la información suministrada, el Ministerio Público no presentó al ciudadano ante el tribunal para la audiencia correspondiente.
Ante esta situación, el magistrado Miguel Alejandro Báez, juez de la instrucción, se trasladó personalmente hasta el lugar donde permanecía detenido el ciudadano para conocer el recurso de habeas corpus y disponer su libertad.
La situación involucra a la fiscal Ada Reyes, asignada al área de manejo de fiscales de turno de la Base Aérea, quien habría estado a cargo del caso.
El episodio ha generado cuestionamientos sobre el cumplimiento de las garantías constitucionales relacionadas con la libertad y el debido proceso, particularmente respecto al tiempo máximo que una persona puede permanecer detenida sin ser sometida a la acción de la justicia.
El artículo 40.5 de la Constitución dominicana establece garantías frente a las detenciones y dispone que una persona detenida debe ser presentada ante la autoridad judicial dentro del plazo constitucional correspondiente.
Asimismo, la información suministrada señala que, conforme al marco legal vigente, actuaciones de esta naturaleza podrían generar consecuencias disciplinarias o judiciales si se determina la existencia de violaciones a los derechos de la persona detenida.
También se afirma que la fiscal Ada Reyes habría sido suspendida anteriormente por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, aunque este aspecto requeriría confirmación oficial.
El caso queda sujeto a las actuaciones que puedan disponer las autoridades competentes para determinar si durante la detención se produjeron violaciones a las garantías constitucionales y establecer las responsabilidades que correspondan.
