MP pde prórroga de cuatro meses para ampliar pesquisas en caso Senasa

El procurador adjunto y director de la Dirección General de Persecución, Wilson Camacho, explicó que el tiempo adicional es necesario debido a la magnitud del proceso, la cantidad de personas investigadas y las cientos de miles de operaciones que deben ser analizadas.

La solicitud de prórroga debía ser conocida este miércoles por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Sin embargo, la audiencia fue aplazada para el 4 de septiembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, luego de que un familiar de uno de los abogados de la defensa falleciera.

Camacho afirmó que el Ministerio Público se encuentra preparado para justificar la necesidad de extender el plazo de la investigación y señaló que las autoridades buscan identificar a todas las personas que hayan participado en los hechos investigados.

El funcionario también reveló que uno de los imputados habría manifestado durante un interrogatorio que en SeNaSa “la corrupción era la norma”, afirmación que, según Camacho, refleja la dimensión del trabajo que todavía debe realizar el órgano acusador.

El Ministerio Público informó que continúa trabajando en tres estructuras que presuntamente afectaron a la institución. Camacho adelantó que podrían producirse nuevas imputaciones y que otras personas podrían ser incorporadas al proceso cuando la investigación concluya.

El caso se originó con la Operación Cobra y tiene como principal imputado a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa, además de otros funcionarios y particulares.

A los procesados se les atribuyen delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

De acuerdo con las autoridades, durante las pesquisas se han identificado presuntos sobornos a gran escala, alteraciones de estados financieros y programas especiales utilizados para distraer recursos mediante maniobras fraudulentas.

Mientras continúa el proceso judicial, varios de los imputados permanecen bajo medidas de coerción, incluyendo prisión preventiva y arresto domiciliario.

El Ministerio Público sostiene que el objetivo de la investigación es determinar la totalidad de los responsables, presentar la acusación correspondiente y procurar tanto las sanciones penales como el decomiso de los recursos que habrían sido sustraídos del patrimonio público.