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Paciente de cáncer presenta una demanda contra Senasa
Según el expediente, el 3 de febrero de 2025, SENASA notificó al paciente que dicho procedimiento no estaba incluido en su plan de servicios, por lo que rechazó la cobertura. Ante la negativa, Contreras Medos recurrió a una acción de amparo.
El abogado Ariel Roberto Contreras Medos interpuso una demanda en responsabilidad patrimonial contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y su director ejecutivo, Edward Guzmán Padilla.
La acción legal, presentada ante el Tribunal Superior Administrativo, señala a la entidad por la negativa y demora en la cobertura de una radioyodoterapia prescrita tras un diagnóstico de carcinoma papilar de tiroides.
El demandante fue diagnosticado en diciembre de 2024 y sometido a una tiroidectomía total.
Tras la cirugía, especialistas indicaron una terapia ablativa con yodo radiactivo I-131 para tratar posibles células malignas residuales.
Según el expediente, el 3 de febrero de 2025, SENASA notificó al paciente que dicho procedimiento no estaba incluido en su plan de servicios, por lo que rechazó la cobertura. Ante la negativa, Contreras Medos recurrió a una acción de amparo.
El 24 de febrero de 2025, la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo ordenó a la aseguradora cubrir el 80% del tratamiento e impuso una sanción económica diaria por incumplimiento.
El documento sostiene que, a pesar de este fallo y de posteriores decisiones del Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia que rechazaron recursos de la institución, SENASA retrasó la ejecución de la medida.
La demanda alega un funcionamiento anormal de la Administración pública y una falta de servicio.
El accionante solicita al tribunal establecer la responsabilidad solidaria de la institución y de sus funcionarios, así como la reparación por los daños materiales, morales, psicológicos y profesionales sufridos durante el proceso.
En paralelo, Contreras Medos presentó una querella ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra exfuncionarios de SENASA y particulares.
Esta instancia busca determinar si las acciones denunciadas corresponden a decisiones administrativas aisladas o si guardan relación con las irregularidades investigadas en la denominada Operación Cobra.
Las autoridades competentes deberán valorar las pruebas bajo los principios del debido proceso y la presunción de inocencia.
