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Juicio de fondo contra generales y civiles acusados de corrupción continuará
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó este lunes los incidentes planteados por las defensas de los imputados en el caso Coral y Coral 5G, que buscaban la extinción de la acción penal y el cierre definitivo del proceso judicial.
Santo Domingo.– La decisión fue adoptada por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, quienes desestimaron los argumentos presentados por los abogados de los acusados y dispusieron la continuación del juicio.
Con este fallo, el proceso por uno de los mayores casos de presunta corrupción administrativa de los últimos años entra en una etapa decisiva, manteniendo en el banquillo de los acusados a militares de alto rango y civiles señalados por el Ministerio Público de integrar una estructura que habría desviado más de RD$4,500 millones de instituciones estatales.
De acuerdo con el órgano acusador, la presunta red estaba encabezada por el mayor general Adán Cáceres Silvestre y habría operado mediante la extracción irregular de recursos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Entre los principales acusados figuran los generales Adán Cáceres Silvestre, Julio Camilo de los Santos Viola y Juan Carlos Torres Robiou, además del coronel Rafael Núñez de Aza, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez y Rossy Guzmán Sánchez, conocida como «La Pastora».
También forman parte del expediente Tanner Antonio Flete Guzmán, Alejandro José Montero Cruz, José Manuel Rosario Pirón, Carlos Augusto Lantigua Cruz, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco, entre otros imputados.
El Ministerio Público ha solicitado condenas de hasta 20 años de prisión para los principales acusados, además del pago de indemnizaciones equivalentes a 400 salarios mínimos.
Asimismo, pidió penas de 15 años de prisión para Rossy Guzmán Sánchez, Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco, junto al pago de multas equivalentes a 300 salarios mínimos.
Para el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien colaboró con las autoridades durante el proceso, el órgano acusador solicitó una condena de cinco años de prisión y una multa equivalente a 200 salarios mínimos.
Con el rechazo de la solicitud de extinción, el tribunal despeja uno de los principales obstáculos procesales planteados por las defensas y permite que el juicio continúe hacia la fase de valoración de pruebas y eventual emisión de sentencia.
