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Ratifican prisión contra capitán y agentes que sustrajeron 900 mil proyectiles PN
La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, ratificó la medida de coerción de prisión preventiva contra el capitán Nelson Valdez, señalado como parte de una red criminal integrada por agentes policiales que sustrajeron más de 900,000 proyectiles de la Policía Nacional Dominicana. La magistrada confirmó la medida impuesta contra Valdez, quien presuntamente dirigía el Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos al momento en que fue desmantelada la estructura delictiva mediante la Operación Pandora, ejecutada en noviembre de 2024. De acuerdo con el expediente, el grupo es acusado de conformar un entramado de corrupción que habría provocado un desfalco al Estado por 92 millones 191 mil 732 pesos con 92 centavos, mediante la sustracción de 836,970 municiones y 645 pertrechos bajo custodia de la Intendencia de Armas durante la gestión del coronel Narciso Antonio Feliz Romero, quien también cumple prisión preventiva por su vinculación al caso. El proceso judicial involucra además a Víctor Manuel Santos Rodríguez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina, Juan Miguel Soler Pérez, Morelbin Medina Pérez, Marino Antonio Rodríguez Toribio y Miguelina Bello Segura, quienes cumplen distintas medidas de coerción. Red que operaba dentro de la PN vendía de municiones a particulares, oficiales de alto rango involucrados Te puede interesar: Piden prisión preventiva contra policías imputados por robo de municiones en la Policía Nacional La procuradora fiscal Rosa Ysabel explicó que la decisión se adoptó debido a que no han variado los presupuestos que dieron origen a la medida. Indicó que a Valdez “se le acusa de la sustracción de casi un millón de municiones, entre ellas de alto calibre y de guerra, que fueron vendidas tanto a militares como a civiles”. Asimismo, la fiscal Rosa Ysabel junto a Jhensy Víctor informaron que el tribunal acogió la solicitud de dejar sin efecto la revisión obligatoria de las medidas de coerción contra Narciso Feliz, Juan Soler y Morelbin Medina, en virtud de que sus apelaciones ya habían sido conocidas el pasado 12 de febrero en la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Los imputados Narciso Feliz, Juan Soler, Nelson Valdez y Morelbin Medina cumplen prisión preventiva en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de La Victoria. El caso es investigado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que acusa a 11 personas de la sustracción y comercialización ilegal de proyectiles, armas y explosivos pertenecientes a la institución del orden. La audiencia preliminar para conocer la acusación formal y las pruebas está programada para el 14 de abril de 2026 en el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Según el Ministerio Público, los implicados participaron directamente en la distracción de bienes de la Policía Nacional para su posterior venta ilícita, obteniendo beneficios económicos en perjuicio del Estado dominicano. El órgano acusador ha calificado los hechos como violaciones a múltiples disposiciones del Código Penal dominicano, incluyendo coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, así como infracciones a la Ley 631-16 sobre armas, municiones y explosivos, y a la Ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo
La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, ratificó la medida de coerción de prisión preventiva contra el capitán Nelson Valdez, señalado como parte de una red criminal integrada por agentes policiales que sustrajeron más de 900,000 proyectiles de la Policía Nacional Dominicana.
La magistrada confirmó la medida impuesta contra Valdez, quien presuntamente dirigía el Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos al momento en que fue desmantelada la estructura delictiva mediante la Operación Pandora, ejecutada en noviembre de 2024.
De acuerdo con el expediente, el grupo es acusado de conformar un entramado de corrupción que habría provocado un desfalco al Estado por 92 millones 191 mil 732 pesos con 92 centavos, mediante la sustracción de 836,970 municiones y 645 pertrechos bajo custodia de la Intendencia de Armas durante la gestión del coronel Narciso Antonio Feliz Romero, quien también cumple prisión preventiva por su vinculación al caso.
El proceso judicial involucra además a Víctor Manuel Santos Rodríguez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina, Juan Miguel Soler Pérez, Morelbin Medina Pérez, Marino Antonio Rodríguez Toribio y Miguelina Bello Segura, quienes cumplen distintas medidas de coerción.
La procuradora fiscal Rosa Ysabel explicó que la decisión se adoptó debido a que no han variado los presupuestos que dieron origen a la medida. Indicó que a Valdez “se le acusa de la sustracción de casi un millón de municiones, entre ellas de alto calibre y de guerra, que fueron vendidas tanto a militares como a civiles”.
Asimismo, la fiscal Rosa Ysabel junto a Jhensy Víctor informaron que el tribunal acogió la solicitud de dejar sin efecto la revisión obligatoria de las medidas de coerción contra Narciso Feliz, Juan Soler y Morelbin Medina, en virtud de que sus apelaciones ya habían sido conocidas el pasado 12 de febrero en la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Los imputados Narciso Feliz, Juan Soler, Nelson Valdez y Morelbin Medina cumplen prisión preventiva en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de La Victoria.
El caso es investigado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que acusa a 11 personas de la sustracción y comercialización ilegal de proyectiles, armas y explosivos pertenecientes a la institución del orden.
La audiencia preliminar para conocer la acusación formal y las pruebas está programada para el 14 de abril de 2026 en el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Según el Ministerio Público, los implicados participaron directamente en la distracción de bienes de la Policía Nacional para su posterior venta ilícita, obteniendo beneficios económicos en perjuicio del Estado dominicano.
El órgano acusador ha calificado los hechos como violaciones a múltiples disposiciones del Código Penal dominicano, incluyendo coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, así como infracciones a la Ley 631-16 sobre armas, municiones y explosivos, y a la Ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
