Fusión Minerd–Mescyt / Alejandro Moscoso Segarra

Por Alejandro Moscoso Segarra

Recientemente, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso la propuesta de fusionar el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Esta iniciativa legislativa ha generado un debate entre sectores preocupados por el sistema de educación en el país. Nos preguntamos: ¿Puede una sola estructura dirigir todo el sistema educativo?

Es importante enfatizar, ante todo, que nuestra Constitución, en su art. 63, reconoce como un derecho fundamental la educación en todos los niveles: inicial, básico, medio y superior. Derecho este también reconocido por el Tribunal Constitucional dominicano en varias decisiones.

Una de las justificaciones de esta importante propuesta de reforma educativa tiene entre sus argumentos, en su considerando duodécimo, lo siguiente: la racionalización del gasto, fortalecer la calidad educativa, la reducción de duplicidades de funciones y mayor coherencia en la formulación de políticas en este sector. No obstante, el sistema educativo presenta una complejidad particular, partiendo de que articula niveles, finalidades y actores con lógicas profundamente diferenciadas; por ejemplo, la educación preuniversitaria responde a un mandato de universalidad y tutela directa del Estado, mientras que la educación superior, aunque regulada por el Estado, se sostiene en principios de autonomía académica, libertad de cátedra, investigación científica e innovación tecnológica, principios señalados en nuestra ley sustantiva.

Me atrevo a señalar que uno de los principales obstáculos de la propuesta radica en la heterogeneidad funcional de ambos subsistemas. Articularlos en una única estructura podría generar conflictos en la definición de prioridades, diluyendo la capacidad del Estado para diseñar políticas específicas en los distintos niveles de educación. La experiencia comparada nos indica que los sistemas educativos más fuertes tienden a combinar coordinación estratégica con especialización institucional, evitando concentraciones excesivas de funciones. El presupuesto representa un tema sensitivo del debate. La educación preuniversitaria cuenta con una asignación legalmente protegida de un 4%, mientras que la educación superior depende de esquemas de financiamiento distintos y, en muchos casos, más vulnerables. De realizarse la fusión sería necesario redefinir mecanismos de asignación de recursos, lo que podría originar preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera de ambos sectores.

En el aspecto jurídico, el proyecto de ley supone una revisión importante del diseño normativo vigente. Las disposiciones que regulan cada ministerio fueron pensadas partiendo de realidades institucionales distintas y con propósitos específicos. Reformar esa estructura legal no significa un simple ajuste administrativo, sino una real reconfiguración de nuestro modelo educativo estatal; esto implica un debate legislativo más amplio.

Por otro lado, la discusión coloca el tema de la gobernanza del sistema educativo en su conjunto. La centralización excesiva podría impactar la capacidad de respuesta del Estado frente a problemas concretos como, por ejemplo, la calidad de la educación básica, hasta el fortalecimiento de la investigación y la innovación. Vista esta realidad, más que una fusión estructural, sectores educativos plantean la necesidad de mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional y planificación estratégica de largo plazo.

En conclusión, el debate sobre la fusión del Minerd y el Mescyt va más allá del plano administrativo. Es una decisión que impacta directamente el derecho fundamental a la educación, a la calidad del capital humano y en el modelo de desarrollo del país. Se impone la necesidad de un debate amplio, en el que la academia tenga una participación preponderante, un análisis lo más consensuado posible, pensando en que en nuestro país podamos contar con un sistema educativo más coherente, sostenible y orientado al futuro.

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El autor es Decano de Humanidades y Derecho de Unapec