Donald Trump ha regresado a la Casa Blanca con la promesa de llevar a cabo la mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos. Oficialmente, en el país viven once millones de inmigrantes indocumentados, casi uno de cada cuatro extranjeros, aunque el récord de cruces fronterizos registrado durante el mandato de Joe Biden ha aumentado probablemente esa cifra. Más allá de las estimaciones, Trump ha hablado en el pasado de expulsar a «entre 15 y 20 millones» personas y en su primer día de mandato declaró una emergencia nacional en la frontera sur que ya se ha traducido en el despliegue de 1.500 soldados.

A pesar de ello, la primera Administración Trump no fue precisamente la más activa en el terreno de las deportaciones en Estados Unidos. En su lugar, el demócrata Barack Obama es el presidente que más órdenes de expulsión ha supervisado en la historia del país —1,6 y 1,5 millones en su primer y segundo mandato, respectivamente, frente al 1,2 de Donald Trump o las 730.000 de Joe Biden, según datos del Departamento de Seguridad Nacional—.

Este organismo fue creado por George W. Bush en 2003 tras los atentados del 11-S en el marco de la guerra contra el terror y tiene como cometido de supervisar tanto la lucha contra el terrorismo como la aplicación de las leyes de inmigración. Obama, que llegó al poder en 2009, fijó como una prioridad la lucha contra las «amenazas a la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública» a través de la expulsión de inmigrantes indocumentados con condenas judiciales. En 2015, por ejemplo, el 91% de los deportados fueron migrantes declarados culpables de algún delito, frente al 21% de 2024.

Donald Trump también ha manifestado su intención de priorizar la expulsión de criminales. Eso se traduce en 655.000 personas que residen en Estados Unidos sin la ciudadanía con condenas penales o cargos pendientes, aunque se trata en su mayoría de infracciones de tráfico.

Si finalmente Trump tratara de deportar a los 15 o 20 millones de inmigrantes a los que se ha referido en el pasado, el American Inmigration Council estima que el coste sería de al menos 315.000 millones de dólares, equivalente al 5% del gasto público estadounidense de 2024. Asimismo, la campaña de deportación masiva impactaría duramente en la economía de Estados Unidos, especialmente en el sector de la construcción o la agricultura, donde el 20% y el 40% de los trabajadores, respectivamente, no cuentan con una autorización para residir en el país. Por nacionalidades, los mexicanos son el grupo más numeroso, con el 40% de los indocumentados.

Un debate estadístico

Los datos de deportaciones en Estados Unidos hacen referencia a las expulsiones realizadas a través de una orden judicial («removals» en la jerga legal estadounidense), ya que en 1996 el término «deportación» dejó de ser un término oficial. Estas acarrean consecuencias penales si el expulsado trata de ingresar de nuevo en el país tras su repatriación.

Además de las deportaciones judiciales, la jurisprudencia en materia de inmigración de Estados Unidos contempla las devoluciones («returns»), que pueden ser voluntarias, tienen lugar en la propia frontera sin una orden judicial de por medio y no conllevan ninguna restricción aplicable a otro posible ingreso en el país.

De esta forma, las deportaciones judiciales son las únicas que se realizan desde el interior del Estado norteamericano y suponen la prohibición de volver a cruzar la frontera. Sin embargo, el debate político en torno a las deportaciones en Estados Unidos no está exento de interpretaciones partidistas y requiebros estadísticos.

En este sentido, Joe Biden destaca como el presidente que más personas ha expulsado del país si se tienen en cuenta las devoluciones en la frontera o las repatriaciones gestionadas a través del Título 42, un mecanismo especial establecido por Donald Trump para impedir la entrada de inmigrantes a través de la frontera con México por razones sanitarias durante la pandemia que estuvo vigente entre 2020 y 2023. En total, Biden expulsó a casi 4,6 millones de personas, frente a los dos de Trump o los 2,1 y 3,2 de Obama, pero si hablamos de deportaciones en el sentido más estricto este último es el gran destacado.

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