No será necesario acta de nacimiento para inscripción en las escuelas

De acuerdo con un comunicado de prensa del Ministerio de Educación (Minerd), los padres podrán ir directamente a los centros educativos con su cédula de identidad para generar las actas e inscribir al estudiante, sin tener que acudir a las oficialías del registro civil para obtener una impresa.

La iniciativa liderada por el Minerd, la Junta Central Electoral (JCE) y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) es parte del Programa Gobierno Eficiente (Burocracia Cero).

Víctor Hernández, director de Tecnología de la Información y Comunicación (DGTIC) del Minerd, explicó que para brindar este servicio se utilizará la plataforma X-Road, a través de la cual se podrá registrar la inscripción del estudiante en el Sistema de Información para la Gestión Escolar (SIGERD), que contiene todas las informaciones sobre los centros educativos, estudiantes y colaboradores del sistema de educación.

Proceso

El proceso incorpora una constancia de inscripción escolar electrónica que se incluirá en el expediente físico que el estudiante tendrá en la escuela y que muestra los datos recibidos electrónicamente desde la oficina del Registro del Estado Civil de la JCE.

La interoperabilidad de la cartera educativa y el órgano electoral iniciará con un proyecto piloto, cuyo alcance se irá extendiendo paulatinamente a todos los centros educativos del sistema público preuniversitario, informó Hernández.

También aseguró que esta iniciativa simplificará el proceso de inscripción y ahorrará tiempo y dinero a los padres ya que no tendrán que ir a la JCE a buscar el acta para garantizar a sus hijos el derecho a la educación. Asimismo, servirá mejorar los controles existentes, ya que los datos del estudiante se obtendrán directo del registro civil.

Bartolomé Pujals, director de la OGTIC y miembro de la Comisión Ejecutiva del Programa Burocracia Cero, manifestó que la transformación digital de este proceso generará un ahorro directo a las familias dominicanas estimado en 220 millones de pesos, lo que no solo representa un avance hacia una mayor eficiencia en los servicios públicos, sino que también constituye un precedente para futuras iniciativas en la modernización del Estado.