La sentencia emitida esta semana por el Tribunal Constitucional (TC) cierra toda posibilidad, al menos por ahora, de que una mujer, sin importar las circunstancias, aborte en el país, donde, sin embargo, se practican anualmente miles, pero clandestinos.
Esta semana el TC declaró la inconstitucionalidad del vigente Código Penal del país, al acoger recursos contra los artículos de esa legislación que tratan sobre el aborto y las penalidades para quienes incurran en esa práctica.
De esta manera, el alto tribunal acogió los recursos de inconstitucionalidad contra el Código Penal que interpusieron tres organizaciones no gubernamentales, apoyadas por la iglesia católica, opuestas al contenido de los artículos que tratan la interrupción del embarazo.
Hace justo un año el presidente dominicano, Danilo Medina, promulgó el nuevo Código Penal, que, a instancias suyas, despenaliza la interrupción del embarazo en algunos casos.Esas organizaciones afirman que en lo referente al aborto, el Código Penal está plagado de “irregularidades y violaciones”.
Esto, después de que tras un fuerte debate la Cámara de Diputados aprobara las observaciones hechas por el mandatario a la ley y decidiera que no será castigada la interrupción del embarazo cuando represente riesgo para la vida de la madre y se hayan agotado todos los procedimientos técnicos y científicos disponibles.
Las organizaciones que luchan en el país por la despenalización del aborto en aquellos casos en los que está en riesgo la vida de la mujer o que ésta haya sido violada, vieron culminar años de lucha con una victoria contundente ante la negativa de otros sectores, como las iglesias, que se oponen a rajatabla a la despenalización.
Sin embargo, como era previsible, organizaciones opuestas al aborto elevaron recursos de inconstitucionalidad ante el TC, que, finalmente decidió mantener el antiguo Código Penal que penalizada el aborto en todas sus partes.
Los defensores de los derechos de la mujer reclaman la despenalización del aborto argumentado que la República Dominicana tiene una de las tasas de mortalidad materna más altas del hemisferio occidental.
Según datos del Observatorio Ciudadano de las Mujeres de la Colectiva Mujer y Salud, cuando el país asumió en 1990 los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se comprometió a reducir en 75 % la tasa de mortalidad materna para el año 2015, lo que suponía alcanzar una tasa de mortalidad de 47 por 100,000 nacimientos para esa fecha.
Sin embargo, a pesar de las reducciones en este indicador que reportan las autoridades, la tasa registrada fue de 110 por 100,000 nacidos vivos para el 2012, cifra que duplica el compromiso con los ODM, además de superar considerablemente el promedio para la región de América Latina y Caribe, que actualmente se sitúa en 85 por cada 100,000.
Tras hacerse pública la decisión del TC, la representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en el país, Sonia Vásquez, dijo que esto representa un retroceso.
“Este país avanza en muchas cosas, en muchos indicadores, sin embargo, en los indicadores de salud sexual y reproductiva no avanzamos”, opinó Vásquez.
Mientras que para la organización no gubernamental Colectiva Mujer y Salud, es desafortunada y va en contravía de los estándares internacionales de derechos humanos.
La entidad aprovechó para rememorar el caso de Rosaura Almonte, conocida públicamente como Esperancita, una menor de 16 años con leucemia, que murió en 2012 porque no le fue suministrada a tiempo la quimioterapia que requería, pues tenía un embarazo de siete semanas de gestación.
Sin embargo, para el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) la decisión adoptada por el TC es la “más importante” adoptada en el país en los últimos años.
A la vez, considera que la medida “termina la presión e injerencia de organismos internacionales” para la legalización del aborto en República Dominicana.
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