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Nuevo incidente impide conocer coerción a fiscal acusado de soborno
La audiencia para conocer la medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara dio un giro este viernes, luego de que su defensa recusara a la jueza Isis Muñiz, alegando que está impedida de conocer el proceso.
El incidente fue planteado en plena audiencia, lo que obligó a pausar el conocimiento de la solicitud de coerción que pesa sobre el representante del Ministerio Público.
El abogado del imputado, Albert Delgado, explicó que el pedimento se fundamenta en que la magistrada autorizó al Ministerio Público a realizar diligencias investigativas relacionadas con la entrega vigilada de dinero, lo que —a juicio de la defensa— compromete su imparcialidad.
«Ella participó cuando se hizo la entrega controlada. Tuvo contacto con el dinero, con videos y con pruebas que nosotros ni siquiera hemos tenido acceso», expresó el jurista a la salida de la Corte.
La recusación fue rechazada por la propia magistrada, quien decidió no inhibirse del caso. No obstante, conforme al procedimiento, el incidente deberá ser remitido a la Suprema Corte de Justicia, instancia que tendrá la última palabra sobre si la jueza puede continuar al frente del proceso.
El abogado explicó que este tipo de decisiones suele tomar entre cuatro y cinco días, tras lo cual se fijaría una nueva audiencia para el conocimiento de la medida de coerción.
Tercer intento y proceso en pausa
Se trata del tercer intento por conocer la medida de coerción contra Valdez Alcántara, luego de dos aplazamientos previos para garantizar el derecho de defensa.
Mientras tanto, el imputado permanece bajo custodia en la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de que se resuelva el incidente planteado por su defensa.
El órgano persecutor ha solicitado la imposición de un año de prisión preventiva, al considerar la gravedad de los hechos y el riesgo de que el imputado pueda influir en el curso de la investigación.
El procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara fue detenido en flagrante delito tras recibir 10 mil dólares en efectivo de un investigado en el presunto fraude cometido en el Seguro Nacional de Salud (ARS Senasa), según el Ministerio Público.
Según la solicitud de medida de coerción, todo comenzó el 13 de marzo de 2026 cuando el fiscal se reunió con el hoy testigo Roberto Canaán en el parqueo de una plaza comercial del Distrito Nacional.
De acuerdo con el órgano persecutor, en este lugar, el declarante abordó el vehículo del imputado Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vínculos personales y propiedades para establecer «una posición de dominio» sobre Canaán.
Durante esta reunión —señala el documento— Valdez Alcántara propuso de manera explícita a Canaán alterar el curso del proceso seguido en su contra, el cual se encuentra en fase de investigación, a cambio de un beneficio económico directo.
El imputado respondió con exigencias pecunarias, entre ellos doscientos mil dólares; suma que el fiscal redujo a ciento cincuenta mil dólares, tras una negociación en la que presuntamente también, mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450, negro; rechazando opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de «alta gama solicitado».
