En multitudinaria marcha en San Juan piden salida minera Gold Quest

SAN JUAN DE LA MAGUANA. – Los manifestantes coreaban consignas como “agua sí, oro no”, “el agua es un tesoro que vale más que el oro”, “fuera fuera la GoldQuest”

“Hoy nos hemos concentrado aquí, porque como sociedad democrática tenemos pleno derecho constitucional a reclamar el respeto a la Constitución, a la ley ambiental, a los Derechos Humanos y a exigir la protección de las zonas productoras de agua, para bien de la sociedad actual y las generaciones venideras, tal y como lo establecen nuestra ley ambiental y la Constitución de la Republica”-dice un manifiesto leído por el munícipe Víctor Ramón Piña Cámpora, en nombre del Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida, al término de la manifestación.

Los ambientalistas enfatizaron que “a pesar de sus aportes a la economía, debido a sus impactos sociales y ambientales, la minería es una actividad que debe ser estrictamente controlada en todas sus etapas y en muchos casos, como en el que nos ocupa, control estricto significa sencillamente prohibición, porque no existe ningún desarrollo si la ejecución de proyectos se lleva a cabo sin contemplación frente a la protección de ciertos espacios y ecosistemas, o si bien se genera en un clima de intolerancia política”.

Indican que “técnicamente es inconsistente y por tanto no admisible, que la empresa Gold Quest, promotora del Proyecto Romero, sustente su plan de operaciones en las entrañas de la cordillera central, justo sobre el rio San Juan”

El Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida denuncia que “la GoldQuest pretende confundir la sociedad con el falaz argumento de no utilizar las aguas del rio ni de ninguno de sus tributarios, cuando en su misma edición especifican claramente que construirán estructuras para manejar el agua de arroyos desde sus instalaciones y que construirán depósitos de desechos mineros y decantación de aguas residuales en zonas adyacentes al cauce del rio.

“Eso comprometerá miles de metros cúbicos de agua por día, todo bajo el subterfugio de Minería Responsable, aun cuando hay evidencias palpables de la merma y modificaciones naturales importantes en los regímenes de lluvia y de los caudales locales y de contaminación minera en todos los proyectos a nivel global”-señala la coalición ambiental.

Agrega que “de igual forma, se le miente a la población cuando se dice que sería un proyecto de 8 años, cuando establecen con garantías legales que, de obtener el permiso, el mismo tendría vigencia de 75 años, dejando bajo oscura sombra la fase Romero Sur y las otras concesiones”.

El Movimiento Suroeste Unido indica que “hoy por hoy, a la región Sur se le quiere envolver con argumentos corporativos; con penosas ofertas de enriquecimiento imposible, de todas las formas y tamaños, pero en realidad se pretende realizar el enajenamiento de las tierras altas de productores locales y el secuestro de las aguas, creando un escenario de contaminación por el lastre minero, inevitable en el mediano y largo plazo, el cual no podrá ser remediado por gobierno alguno”.

La organización ambiental sureña denuncia que “entregar esa zona alta a la minería, además del impacto ambiental directo sobre los ecosistemas complejos de toda la zona y sobre las aguas para abasto a la población, generación de energía y otros usos, es de igual forma poner en corto plazo en ruta de desaparecer el resto de la vertiente Sur de la Cordillera Central, dejando a un lado el cascareado concepto de sostenibilidad ambiental, el uso racional de los recursos naturales y es, sin dudas, la más desafiante amenaza sobre sus aguas que abastecen los embalses que irrigan las tierras de esta fértil y productivas tierras suroestanas”.

El Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida “hace un llamado al Excelentísimo Señor presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, de que se abstenga de otorgar el permiso de explotación minera del Proyecto Romero, cuyo interés está en las apetencias insaciables de oro de la Empresa Minera Gold Quest, a costa de la vida y salud de una región”.

En ese sentido, el colectivo ambientalista exigió a las autoridades ambientales y al presidente de la república, que “el solo hecho de autorizar Estudios de Impactos Ambientales en la zona alta del rio San Juan, es una violación a los artículos 85 y 86 de la ley ambiental 64-00, que prohíbe esas instalaciones en esos espacios. No es un capricho, es una prohibición que el Estado está obligado a acatar, al igual que las empresas y los ciudadanos particulares”.

La institución precisó que “el Rio San Juan es la única opción para suplir las demandas de agua a la población y para otros usos, mientras que el enorme consumo de agua que requiere la actividad minera generalmente trae consigo situaciones de dificultades severas para servir el agua a las poblaciones.

Además, la explotación minera “reduce el nivel freático del lugar, llegando a secar arroyos y manantiales; produce cambios significativos y severas alteraciones en los valores piezométricos; se crean agrietamientos subterráneos por voladuras; el agua superficial y de acuíferos suele terminar contaminada por químicos y el drenaje ácido, ya que el agua de contacto minero y las pequeñas partículas de metales pesados se separan de los relaves, filtrándose en el suelo e integrándose en los cursos de agua de consumo humano y animal, acarreando situaciones de salud humana y ambiental, casi nunca sin soluciones”.

Finalmente, el Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida señala que «No hay dos crisis separadas, una ambiental y la otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental; porque el desarrollo del siglo XXI no se mide solo por el crecimiento económico, sino también en el equilibrio y responsabilidad, porque cuidar la naturaleza es una obligación moral, no ideológica».