Venezuela, el Caribe y el límite que no debe cruzar el derecho internacional/ Clara Inés Chávez

Por Clara Inés Chávez

La reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que incluye operaciones navales en el Caribe y la captura de Nicolás Maduro, se presenta como un punto de inflexión para el orden internacional y para la estabilidad política de América Latina y el Caribe. El carácter autoritario del gobierno venezolano y las graves violaciones de derechos humanos cometidas en ese país no pueden utilizarse, sin embargo, como argumento para legitimar la vulneración de principios esenciales del derecho internacional público.

La Carta de las Naciones Unidas es clara al prohibir la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, salvo en casos de legítima defensa frente a un ataque armado o mediante autorización expresa del Consejo de Seguridad. En el caso venezolano, Washington ha tratado de justificar la operación bajo la narrativa de la lucha contra el narcotráfico y el “narcoterrorismo”, conceptos jurídicamente difusos que no encajan de manera directa en las excepciones contempladas por el sistema de seguridad colectiva. Normalizar este tipo de reinterpretaciones abre una peligrosa brecha que otros actores podrían aprovechar para intervenir militarmente allí donde identifiquen amenazas “híbridas” o “no convencionales”.

América Latina y el Caribe se han definido en documentos recientes como una “zona de paz”, aspiración que exige coherencia frente a cualquier intento de solución armada de las controversias. En este contexto, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) aparece como un espacio privilegiado para articular una posición común, defender el principio de no intervención y promover la solución pacífica de los conflictos. Si bien la CELAC aún enfrenta desafíos de institucionalidad y cohesión, su fortalecimiento resulta fundamental para que la región pueda asumir un rol proactivo ante crisis que afectan directamente su seguridad y su estabilidad democrática.

La intervención en Venezuela también altera el delicado equilibrio geopolítico global. Se condenan, con razón, los intentos de expansión territorial y las imposiciones por la fuerza cuando son protagonizados por potencias como Rusia o China, pero se corre el riesgo de relativizarlos cuando la acción proviene de un actor occidental. Esta doble moral erosiona la legitimidad del sistema multilateral y envía el mensaje de que, en última instancia, es la fuerza y no el derecho la que decide el rumbo de las relaciones internacionales.

Ante este escenario, el texto propone tres líneas de acción: reafirmar los principios de la Carta de la ONU y avanzar hacia una reforma de su sistema de seguridad colectiva; robustecer los mecanismos regionales y la cooperación Sur–Sur para que la propia región gestione sus crisis; y promover que la Unión Europea asuma un papel más autónomo y coherente con el derecho internacional, capaz de actuar como contrapeso y actor confiable. América Latina y el Caribe no deben quedar atrapados entre autoritarismos internos e intervenciones externas que desconocen la legalidad internacional. Incluso una democracia frágil constituye un espacio de libertades que debe ser protegido y profundizado, nunca sustituido por la lógica de la fuerza, si se quiere construir un orden internacional más justo, pacífico y respetuoso de la soberanía de los pueblos.

La autora es Exdiplomática y escritora