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En 5 años de gobierno de Abinader 10 casos de denuncia actos de corrupción
Sin embargo, pocos de esos señalamientos fueron judicializados o cuentan con una investigación formal que de curso a aclarar lo ocurrido, las acciones correctivas tomadas o posibles sanciones para los actores involucrados.
Durante los cinco años de gobiernos de Luis Abinader se hicieron públicas al menos diez denuncias de corrupción o mala administración en instituciones.
Sin embargo, pocos de esos señalamientos fueron judicializados o cuentan con una investigación formal que de curso a aclarar lo ocurrido, las acciones correctivas tomadas o posibles sanciones para los actores involucrados.
El interés por estos procesos se reactivó este sábado cuando el exadministrador del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, acudió al Ministerio Público junto a su abogado, Miguel Valerio, así como el empresario Eduardo Read.
Hazim fue arrestado tras más de 5 horas de interrogatorio en la sede de la Procuraduría.
En tanto que, entre los expedientes judicializados figura el Caso Camaleón, que surgió tras el colapso de los semáforos en agosto de 2024 en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Por esta investigación se dictó prisión preventiva a Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a otros 15 imputados por presunta corrupción administrativa y lavado de activos, medida que fue modificada aproximadamente un mes después.
El Ministerio Público solicitó el 10 de octubre la apertura a juicio y la fusión de los procesos, al señalar a Gómez Canaán como beneficiario de contratos fraudulentos con varias empresas.
Mientras que, el expediente señala que se entregó el control operativo del sistema semafórico a una persona con antecedentes de uso ilícito de información estatal, lo que habría comprometido la seguridad nacional. La investigación continúa.
También está el caso del sorteo fraudulento del 1 de mayo de 2021 en la Lotería Nacional, que llevó a prisión preventiva a diez personas, incluido su entonces administrador, Luis Maisichell Dicent, donde más más adelante, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional lo descargó por falta de pruebas, aunque siete coacusados fueron condenados.
El tercer expediente que llegaal Ministerio Público es el de Senasa. En septiembre, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton, y el director ejecutivo de la institución, Edward Guzmán, entregaron a la Procuraduría un informe con irregularidades detectadas, el cual servirá de base para los procesos de investigación correspondientes.
La documentación serviría para los fines de investigación correspondientes de acuerdo a lo establecido en la ley.
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