En Valverde pedirán coerción para doctoras que firmaron defunciones falsas

El Ministerio Público informó este lunes que solicitará medidas de coerción contra cuatro doctoras y una alcaldesa pedánea, arrestadas el pasado viernes, acusadas de participar en un entramado delictivo dedicado a la falsificación de actas de defunción.

La fiscal Esther María González Peguero, representante de la Junta Central Electoral (JCE), explicó que la petición contempla una combinación de garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica.

Defensa del Colegio Médico

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) en Valverde, doctor Juan Carlos Santos, salió en defensa de las profesionales de la salud señaladas, alegando que fueron “sorprendidas en su buena fe” y que firmaron documentos sin conocer su verdadero propósito.

“Se cometen errores cuando son profesionales sin experiencia. Tres de ellas son pasantes y una médico asistente”, manifestó Santos, calificando como una “desconsideración” el manejo de las autoridades y advirtiendo que el gremio permanecerá vigilante para garantizar el respeto a los derechos de las imputadas.

Las doctoras arrestadas fueron identificadas como Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez.

La trama y los implicados

Además de las médicas, en el caso está involucrada la alcaldesa pedánea Yluminada Altagracia Uceta y el supuesto cabecilla del entramado, Máximo Mendoza, a quien la Oficina de Atención Permanente de Mao le impuso tres meses de prisión preventiva y cuyo proceso fue declarado complejo.

Según la acusación, Mendoza falsificaba registros de defunción en complicidad con médicos pasantes sin exequátur, con el objetivo de declarar muertas a personas vivas que mantenían deudas. Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2024 y junio de 2025 en la provincia Valverde.

Modus operandi

Las investigaciones revelan que las víctimas eran personas en condición de vulnerabilidad que recibían programas de asistencia social del Estado valorados en RD$2,100 mensuales. Mendoza les ofrecía préstamos entre RD$5,000 y RD$15,000, quedándose con sus tarjetas de subsidio como garantía.

Cuando los deudores no podían pagar, simulaba sus muertes para cerrar las obligaciones financieras. Hasta el momento se han identificado seis víctimas: cinco registradas como fallecidas en Salud Pública y la JCE, y una sexta asentada únicamente en el Ministerio de Salud.

El imputado acudía a distintas Unidades de Atención Primaria (UNAP) en Mao y Esperanza, haciéndose pasar por familiar directo de las supuestas víctimas (primo, esposo o tío) para gestionar certificados de defunción, que luego eran formalizados en oficialías civiles.

Investigación y cargos

El caso es llevado por la fiscal Esther María González Peguero y el fiscal titular de Valverde, Víctor Manuel Mejía, con apoyo de la Dicrim de la Policía Nacional y la Dirección de Seguridad de la JCE.

Los implicados enfrentan cargos por falsificación y uso fraudulento de documentos públicos, en violación de los artículos 146, 147 y 148 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 109, 208 y 210 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23.

El Ministerio Público también solicitó que el proceso sea declarado caso complejo, lo que permitirá extender los plazos de investigación.