Por JINMY GARCÍAUn acuerdo entre un funcionario público y un empresario para hacer negocios puede constituir un acto de corrupción, como soborno o tráfico de influencias, si se utiliza el poder público para beneficio privado.
Esto puede resultar en graves sanciones penales y administrativas, incluyendo multas y penas de prisión. Cuando un funcionario público se alía con comerciantes para beneficiarse de planes sociales, se configura un acto de corrupción que puede ser tipificado como fraude a la administración pública y asociación ilícita.
Estas acciones desvían recursos destinados a personas vulnerables, generando un «estado de oportunidad desigual» y socavando la legitimidad de las instituciones estatales.
En los últimos años en la República Dominicana han salido a la luz pública casos como el de la Tarjeta Solidaridad y el SENASA.
Las instituciones responsables se han hecho de la vista gorda. Es decir instituciones públicas pagadas con los impuestos o el dinero de los trabajadores que actúan a favor del capital privado o de individuos. La SISALRIL, SIPEN, la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) y otras no están defendiendo ni representando los intereses del pueblo.
Por estas razones es un crimen que estén haciendo negocios millonarios con las miserias y las enfermedades de los ciudadanos. Es muy lamentable y una violación a las leyes y la Constitución Dominicana.
Asumir funciones que deben prestar salud pública y cobrar servicios no prestados es tomar de forma ilegal, lo que le corresponde al pueblo por derecho y una responsabilidad del Estado dominicano representado por el gobierno.
Hacer negocios tiene sus límites, no todo es ganancias, hay que tener ética y principios, para respetar lo ajeno y más si está asociado a las políticas públicas del Estado, los planes sociales y la seguridad social.
deben tomar medidas, más controles y que los responsables paguen por sus acciones, tanto los del sector público, cómo el privado.
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