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La Torita queda detenida por no tener con qué pagar garantía económica

Juez de la Instrucción le impuso una garantía económica por difamación contra el procurador Iván Feliz

SANTO DOMINGO. – La comunicadora Ingrid Jorge «La Torita» fue detenida este miércoles luego de conocerse la medida de coerción en su contra por una querella de difamación interpuesta por el procurador Iván Feliz. Jorge permanecerá en custodia hasta que se deposite la garantía económica impuesta por el tribunal.

Así lo explicó su abogado, Enrique Santelises, quien señaló que, inicialmente, su defendida fue declarada en rebeldía por llegar tarde a la audiencia, pero dicha medida fue anulada rápidamente. “Automáticamente llegamos, yo la presenté a la Secretaría del Tribunal y la rebeldía fue levantada de oficio, como lo establece el artículo 100 del Código Procesal Penal”, indicó.

Posteriormente, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y le impuso como medida de coerción la presentación periódica los primeros días de cada mes, el impedimento de salida del país y una garantía económica de un millón de pesos. “¿Por qué la dejan en la cárcel? Es un protocolo hasta que se cumpla con el pago de la fianza o garantía económica”, explicó Santelises

 

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El abogado también informó que, una vez se presente el contrato correspondiente a la garantía económica, Jorge será liberada. “Tan pronto la presentemos, ella quedará en libertad y el proceso continuará su curso.

La medida de coerción, la presentación periódica, es por un tiempo de seis meses”, precisó.

Santelises calificó como desproporcionada la medida adoptada por el tribunal, alegando que su clienta atraviesa dificultades económicas.

“No había necesidad de presentarle a ella o imponerle una garantía económica de un millón de pesos cuando todo el mundo sabe que Ingrid Jorge está pasando por una situación económica insuficiente”, declaró.

Agregó además que “la sanción a un ciudadano debe ser proporcional” y sostuvo que “todavía la supuesta víctima, en este caso Iván Feliz, no ha demostrado que está afectado”.

Mientras tanto, el Ministerio Público cuenta con un plazo de seis meses para presentar la acusación formal y concluir con la investigación.

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