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El gobierno aumentó seis veces su gasto publicitario en 2024
Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, denunció que el gasto en publicidad del gobierno dominicano durante el primer cuatrimestre de 2024 alcanzó cifras históricas
La organización señaló que “en el 2025, aunque se redujo a RD$2,445 millones, sigue siendo muy superior al valor registrado en el 2023”
El comunicado destaca que “entre las instituciones que registraron los mayores aumentos relativos y absolutos en gasto publicitario se encuentran la Cámara de Diputados, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, Supérate y el INDOTEL”.
Participación Ciudadana advirtió que “no se conocen los criterios de contratación, la distribución por medios ni los objetivos de las campañas. No hay trazabilidad pública de los beneficiarios de contratos multimillonarios, lo que viola los principios básicos de rendición de cuentas consagrados en la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones. Esta opacidad impide saber si el dinero público está siendo bien utilizado o si alimenta estructuras clientelares con fines electorales encubiertos”
La organización recordó que, respondiendo a un reclamo nacional, el presidente Abinader emitió el decreto 1-24, en enero de 2024, el cual establece que la publicidad oficial debe responder a objetivos institucionales legítimos, como informar a los ciudadanos sobre sus derechos y deberes, los servicios públicos disponibles y la rendición de cuentas. La normativa prohíbe expresamente el uso de la publicidad oficial con fines propagandísticos, políticos o electorales y que se utilice como subsidio encubierto a comunicadores, medios o influenciadores.
Asimismo, Participación Ciudadana señala que la falta de cumplimiento de estas disposiciones vulnera el marco legal vigente y afecta la credibilidad del uso de los recursos públicos.
Ante su denuncia, la institución propuso una auditoría urgente e independiente del gasto en publicidad estatal durante los primeros cuatrimestres de 2023, 2024 y 2025.
También la aplicación estricta del decreto 1-24 y del Manual de Procedimientos de Contratación Pública, incluyendo sanciones por su incumplimiento. Otra de sus propuestas es el establecimiento de un sistema de monitoreo ciudadano permanente que garantice el uso ético de estos recursos.
Y, por último, regulaciones vinculantes que limiten estrictamente el gasto publicitario en años electorales.
