Opinión
El derecho a la protesta/ Fernando Rodríguez C.
Esta reflexión surge ante la proliferación de actividades de protestas públicas programadas o anunciadas para los próximos días
Por Fernando Rodríguez C.
El derecho a las protestas públicas pacíficas es una prerrogativa constitucional que nadie discute y el Gobierno tiene el deber de garantizar esa actividad, propia del sistema democrático, siempre que, concomitantemente, garantice el derecho de la ciudadanía a desarrollar, sin cortapisas, sus actividades cotidianas ya sean de trabajo, comercio, transportación, educación y de cualquier otra índole.
Esta reflexión surge ante la proliferación de actividades de protestas públicas programadas o anunciadas para los próximos días, las cuales incluyen hasta un llamado a huelga nacional por una pequeña entidad política que, como otras agrupaciones y hasta algunos denominados “influencers,” pretenden montarse en la cresta de la ola del antihaitianismo patriotero buscando popularidad.
Entre los protestantes hay quienes marchan motivados por un sincero y legítimo rechazo a la presencia ilegal haitiana, otros por estar en el can, otros apostando a crear problemas en escenarios tan sensibles como las zonas turísticas del país porque no soportan el auge y beneficio que reporta esta actividad a la imagen y finanzas del Gobierno, y otros faranduleros que buscan protagonismo o like.
El Gobierno debe garantizar el derecho a la protesta siempre que no atente contra el derecho a la paz, orden y desenvolvimiento normal de la mayoría ajena a este tipo de actividad.
