¿Qué ha pasado con la cacareada reforma policial?

Este miércoles 31, el Gobierno anunció que la aún senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, pasará a ocupar la dirección del Ministerio de Interior y Policía.

Raful será parte esencial de las reuniones que celebra el presidente de la República, Luis Abinader, cada lunes con el alto mando policial, por lo que sus labores se concentrarán en gran medida en la reforma policial, que ha sido una de las principales ejecutorias de la presente administración. Pero ¿cuál ha sido el avance que ha tenido la reforma policial en la que tendrá que colaborar la legisladora?

Fue en 2020, cuando el presidente de la República, Luis Abinader, anunció que su gobierno trabajaría en el plan de la reforma policial que se inició en 2012 y que avanzó con la elaboración de la Ley Orgánica 590-16, en 2016.

De hecho, previamente, en su programa de gobierno para el periodo 2020-2024 priorizó cuatro ejes: mejorar la eficiencia de la policía nacional, las condiciones laborares de los agentes, su tecnificación y una política anticorrupción.

Pero no fue hasta el martes 6 de abril de 2021 que empezó su implementación, respondiendo a la demanda pública de mayor seguridad tras la trágica muerte a manos de agentes de la Policía Nacional de la pareja de esposos evangélicos cuando regresaban de un retiro en Villa Altagracia.

Mediante el decreto 211-21, Abinader juramentó una comisión integrada por 21 ciudadanos de distintos sectores, que estarían enfocados en sugerir las características deseables en el perfil de los nuevos miembros de la Policía Nacional, recomendar las reformas legales necesarias, promover los reglamentos pendientes de la institución, así como sugerir la actualización de protocolos necesarios “a fin de lograr una cultura policial basada en el servicio a la ciudadanía, en la ética y protección de los derechos humanos”.

Este consejo consultivo lo conformaban Servio Tulio Castaños (presidente), de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus); Radhamés García, Juan Ramírez, Bautista López García, Rosalía Sosa, Pedro Brache, Celso Juan Marranzini, Ricardo Nieves, José Luis Mendoza y Osvaldo Santana.

También monseñor Francisco Ozoria, Fidel Lorenzo, Mu-Kien Adriana Sang Ben, Héctor Guerrero Heredia, Carlos Manuel Estrella, Jorge Antonio López Hidalgo, Fausto Mejía, José Francisco Torres, Carolina Santana, Manuel María Mercedes y Elena Viyella.

2021: Primer aumento salarial, primer cambio de director y contratación de firma internacional

La recién instaurada comisión tuvo la tarea de entregar documentación al jefe de Estado con sus evaluaciones sobre la situación de la institución del orden con el fin de lograr los cambios, pero no fue hasta diciembre de 2021 cuando esta comisión rindió el informe final sobre la reforma policial.

En enero de 2021, se produjo el primer aumento salarial bajo la dirección general del mayor general Edward Ramón Sánchez González. Un raso que ganaba RD$10,150.42, pasó a RD$14, 210.59; un cabo al que le pagaban RD$ 11,600.38 pasó a RD$ 16,240.53; un sargento pasó de devengar RD$ 13,050.73 a RD$18,271.02; un sargento mayor RD$14,300.98 a RD$19,306.32, mientras que a los cadetes se les aumentó desde RD$12,500.56 a RD$ 16,250.73.

Además, se les favoreció con pasaje gratis en los autobuses de la OMSA, el Metro de Santo Domingo y el Teleférico.

Abinader ordenó la eliminación de la Dirección Central de Narcóticos de la Policía Nacional (Dican) y el retiro de unos 350 oficiales. Además, el país firmó un acuerdo con Estados Unidos, quien le otorgó 6.6 millones de dólares para la reforma policial.

Entre las primeras medidas implementadas, en la primera etapa de la reforma, quedó designado como director de la Policía Nacional el mayor general Eduardo Alberto Then, en sustitución de Sánchez González, quien fue colocado como asesor policial, a través del decreto número 656-25.

Para ese entonces, Abinader ordenó la contratación de una firma internacional que tenía como tarea evaluar el desempeño de los miembros de la Policía. Esta comisión contaba con la cooperación internacional de las policías de Colombia y España, y bajo la supervisión de una Comisión, coordinada por José “Pepe” Vila del Castillo, pero su puesta en marcha no fue hasta el año siguiente.

Dispuso también la asignación de fondos para la compra de chalecos y cámaras de cuerpo (bodycam) y que el Centro de Atención a Emergencias y Seguridad 911 entregue a la Policía Nacional 500 “Car kits”. Asimismo, ordenó la reestructuración del Instituto Policial de Educación, y dispuso que el tiempo mínimo de formación de los nuevos policías sea ampliado de seis meses a un año.

Ese año, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 729-21 con el que dispuso la constitución de un Fideicomiso público, de administración, fuente de pago y garantía, para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional (FTPN), que serviría para la compra y ejecución de lo antes mencionado.

2022: Designación de comisionado, aumento salarial y otras medidas

En 2022, específicamente en enero, en medio de quejas debido a la inseguridad ciudadana, Abinader promulgó el Reglamento General de Aplicación de la Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional.

Luego, el 14 de enero, quedó designado de manera oficial Vila del Castillo, como comisionado ejecutivo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional, y Castaños Guzmán, miembro de esa comisión.

Posteriormente, mediante el decreto número 2-22 se creó la Comisión Ejecutiva, el organismo designado para la implementación de las estrategias y políticas diseñadas por el grupo de trabajo que dirigía Castaños Guzmán.

La Comisión Ejecutiva estaba integrada por el presidente de la República; el ministro de Interior y Policía, quien fungió como vicepresidente; el ministro de la Presidencia; el Comisionado Ejecutivo, Vila del Castillo; y dos miembros designados para tales fines por el presidente (Castaños Guzmán era uno de ellos).

Tras la muerte a golpes mientras se encontraba bajo custodia del cuerpo del orden, de David de los Santos, en mayo de 2022, el gobierno adelantó la implementación de varias medidas contempladas en el plan de reforma policial, para garantizar integridad física y derechos humanos de arrestados por la Policía.

El comisionado, Vila del Castillo, junto a Vásquez, dieron a conocer 14 medidas que a su juicio, servirían para que los casos como el ocurrido a de los Santos no se repitieran.

Las medidas fueron el anuncio de instalación de cámaras en todas las patrullas y la creación de un centro operativo policial en tiempo real; la instalación de cámaras móviles incorporadas a las patrullas; la implantación del Sistema Policial de Consulta Criminológica en los teléfonos de las patrullas para la depuración no intrusiva y respetuosa de los ciudadanos que sean requeridos por la autoridad en cualquier circunstancia; la creación de un centro nacional de control de tránsito y revisión y mejora de la inspectoría de tráfico; la instalación de cámaras en todos los destacamentos; la instalación de un centro de control y monitoreo de los destacamentos en el Ministerio de Interior y Policía y colocar bajo la supervisión directa del Ministerio de Interior y Policía el departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

Al mes siguiente, en junio, bajo la premisa de detener un aumento de asaltos y crimines, la institución del orden y las Fuerzas Armadas iniciaron los operativos conjuntos del Plan de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”, en un intento de frenar el alto índice de delincuencia que afectaba al país.

“Patrullaje por Cuadrantes”.

Durante este año, a los agentes se les hizo dos aumentos salariales, en marzo y noviembre, siendo este último de un 20%.

En ese sentido, un raso pasó a ganar RD$20,463.25, un cabo RD$22,613.31, un sargento RD$25,011.19 y un sargento mayor RD$26,428.42. En tanto, los tenientes un salario por encima de los 26 mil pesos, los capitanes RD$28,941.76, los mayores RD$30,906, los tenientes coroneles RD$34,983, los coroneles RD$39,715 y los generales RD$47,881.

De igual manera, los generales con la posición de inspector y de subdirector general comenzaron a cobrar RD$78,717 y el director general de la institución RD$102,957.

En diciembre, a ocho meses de ejecución, las declaraciones del comisionado ejecutivo en la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) causaron fuertes controversias al expresar que en el cuerpo del orden había una corrupción interna institucional y sistémica, dirigida desde la propia Dirección General hasta el último raso.

No obstante, el experto español afirmó que durante la gestión de Then se desmontó la estructura que cobraba por nombrar en los puestos policiales, decidir los traslados, los ascensos, cobrar las pensiones, renovar los uniformes y las armas nuevas, así como otras irregularidades.

Vila del Castillo dijo que en el proceso luchó contra lo que denominó “el elefante blanco y la lacra de la corrupción” y consideró que en 2022 fue la primera vez que avalados por Abinader, dirigidos por Interior y Policía y con el consenso de la institución, todos los ascensos fueron limpios y transparentes.

El 2023 hasta la fecha: Inauguraciones de centros de formación, nuevo director y comisionado, aprestos para segunda etapa de la reforma

El año 2023 estuvo marcado por la inauguración de varios centros de formación y entrenamiento policial, que forman parte de la reforma educativa policial y la designación de un nuevo director de la policía.

En marzo de 2023 un raso pasó de RD$20,463.25 a RD$24,555.90 y un cabo de RD$22,613.31 a RD$26,233.93. Los sargentos mayores pasaron de recibir RD$26,428.42 a RD$30,394.94 mientras que los tenientes RD$31,510.28 al segundo y el primero RD$32,541.78.

Al mes siguiente, en abril, se produjo la una firma entre la Comisión Técnica para la Reestructuración del Sistema Educativo de la Policía Nacional y 13 universidades, con el fin de implementar programas académicos dirigidos a policías, basados en el cumplimiento de normas y protocolos, así como la ética, la integridad y la cultura del respeto a los derechos de los ciudadanos.

En agosto anunciaron que cambiaran los uniformes de gris a azul, así como también el lema “Ley y orden” por “Proteger y servir”.

Casi al término de año, el 10 de noviembre, fue designado el mayor general Antonio Guzmán Peralta en sustitución de Then, para continuar con el proceso de modernización.

Pocas semanas después de que el presidente designara al nuevo director, el contrato de Vila del Castillo, que ya tenía unos dos años como comisionado, no fue renovado.

Sin embargo, el presidente dejó claro que continuaría colaborando con el proceso.

En enero de este año, Abinader designó al colombiano Luis Ernesto García como nuevo comisionado, mediante el decreto 52-24.

En la actualidad la reforma policial transita una “segunda etapa”.

En declaraciones recientes, el ministro de la presidencia, Joel Santos, detalló que el nuevo comisionado está trabajando en dos líneas estratégicas relacionadas al plan integral.

Estas incluyen, según especificó, la “mejora tecnológicas” y otras enfocadas a las “condiciones” de los miembros, además, de lo administrativo e incluso, revisiones de las leyes concernientes a Interior y Policía.

“Se presentaron todo lo que fueron los avances y los retos alcanzados que tiene la reforma, en sí se revisaron todos los proyectos que están en carpeta para el proyecto y algo muy importante: la ruta”, fue lo que declaró a su salida de una de las acostumbradas reuniones que se realizan los lunes, indicando que como parte del plan tienen planificado integrar ocho mil efectivos en los próximos dos años y reforzar el entrenamiento.

El pasado miércoles 10 de julio, Abinader calificó de “imparable” la trasformación de la entidad, asegurando que “se ha logrado mucho en poco tiempo”.

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