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Caso empresa cometió iregularidades con semáforos está en el limbo
En una especie de “limbo jurídico” sin que hasta la fecha haya habido consecuencias que impliquen el debido sometimiento a la justicia, se encuentra el caso de la empresa Transcore Latam SRL, cuyo expediente fue pasado a la Procuraduría General de la República luego que se detectara la comisión de serias irregularidades en el contrato que hizo con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para la modernización del sistema de semáforos.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) le pasó el caso a la Procuraduría General de la República en noviembre del año pasado, luego que detectara la ocurrencia de serias irregularidades en la licitación que hizo el Intrant que terminó con la escogencia de dicha empresa para que se encargara del plan de modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.
Pese a los hallazgos encontrados en la licitación y contratación de dicha empresa, la misma se mantuvo operando hasta que el pasado lunes fue suspendida por el director del Intrant), ingeniero Milton Morrison, como consecuencia de una falla que afectó durante tres días los semáforos del Distrito Nacional provocando un gran taponamiento.
El anuncio del director del Intrant resultó una sorpresa para mucho, debido a que se suponía que dicha empresa no estaba operando, puesto que el 30 de octubre del año pasado, la DGCP anunció la suspensión del contrato tras las irregularidades detectadas en el proceso de licitación.
El escándalo fue de tal magnitud que originó en ese entonces el cese de Hugo Beras como director del Intrant, tras haber pedido una licencia que se la concedió el presidente Luis Abinader.
El anunció del ingeniero Morrison no fue más que una suspensión de la suspensión, puesto que dicha disposición ya había sido tomada antes por la DGCP.
La DGCP remitió el expediente a la Procuraduría General de la República para que se investigara a la razón social Transcore Latam, Srl, a fin de que se identifique al beneficiario final de esa empresa y su participación en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación.
En esa ocasión, el director de DGCP, Carlos Pimentel, indicó que los hallazgos serían remitidos a los fines que en la Procuraduría, “se verifiquen las acciones ejecutadas por la razón social adjudicada que pudieran constituirse en indicios razonables de conductas de índole penal”.
El informe de la DGCP también arrojó la existencia de un entramado societario para ocultar la persona o entidad beneficiaria real del contrato, al identificar indicios de falsificación de documentos, estructura empresarial imprecisa, entre otros.
