Por Rubén Moreta
En la República Dominicana hay un proceso ascendente de consolidación de organizaciones mafiosas -locales y extranjeras- dedicadas al narcotráfico. Esos colectivos del crimen actúan con una marcada libertad, impunidad y poder imponiendo su modelo tiznado.
Se ha producido una mutación importante de muchachos aislados de barrios marginados dedicados al narcomenudeo hacia organizaciones muy bien estructuradas, con ramificaciones y soportes en el mundo empresarial, artístico, político, la policía y las fuerzas armadas.
El narcotráfico ha encontrado en las agencias represivas del Estado, llamadas a combatirlo, el mejor aliado para sus operaciones. Los casos de mayor divulgación mediática -Caso Quirino, Caso Paya, Caso Rolando Florián Félix, Caso Figueroa Agosto, Caso César Emilio Peralta (El abusador), entre muchos otros- evidenciaron la participación y/o complicidad de miembros de los estamentos militares y policiales como brazos operativos y de logística de esos entramados mafiosos.
A mediados de la década de los ochenta los Estados Unidos detectaron cuan involucrados estaban elementos de la policía en asuntos de drogas, por lo que impulsaron la creación, a través de una ley (50-88), de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), reclutando elementos de todas las fuerzas armadas y sometiéndolo a rigurosas depuraciones y entrenamientos y le confirieron a la novel institución una gerencia con independencia funcional, al margen de la estructura policial vigente.
Pero la misma DNCD también ha sido permeada por los narcotraficantes, y ello queda evidenciado en que cuatro Jefes de Operaciones de la agencia antidroga, que es el segundo cargo de mayor jerarquía en la institución, han sido extraditados a los Estados Unidos con expedientes que lo vinculan al tráfico de sustancias que ellos deben combatir su trasiego.
En 2016 se produjo un gran escándalo por un “tumbe” de mil doscientos kilos de cocaína perpetrado en septiembre y develado en diciembre de ese año por fuentes de la Embajada Norteamericana al periódico El Nacional, cuya autoría se le atribuye a la elite de la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN) de la Policía Nacional, en complicidad con dos fiscales ayudantes. Lo tosco e inverosímil del proceder de esta agencia antidrogas paralela demuestra que la lucha en contra del tráfico de drogas en el país es otra ficción, un embeleco.
Dican hizo un allanamiento de morada, incautó un cargamento gordo de droga, no lo reporta en la cadena de custodia de pruebas, envuelven en la operación mafiosa a los representantes del ministerio público; guardan la droga, luego la venden y finalmente se reparten el dinero, estimado en más de ciento siete millones.
Pero recordemos que hay muchos precedentes de participación de uniformados en el ilícito tráfico de drogas a gran escala: la Base Naval de la Armada Dominicana de Las Calderas en Baní fue un bunker de un cartel de narcotraficantes; en la sede de la Tercera Brigada del Ejército Nacional en San Juan de la Maguana, Quirino Castillo era tratado como un semidiós y operaba, con autorización de la Fuerza Aérea, un aeropuerto doméstico en la fronteriza provincia Elías Piña, y el finado Florián Feliz era un Rey Midas en los cuarteles sureños.
República Dominicana por su estratégica ubicación geográfica, sigue siendo un puente importante para el acarreo de sustancias enervantes hacia los Estados Unidos, que es líder continental y mundial en consumo. De Sudamérica la droga es traída directamente a este país caribeño por aire, mar o por tierra. En otros casos, la traen a través de la frontera con Haití. Aviones privados y confortables yates se encargan del traslado hacia el destino final.
Hoy se habla de la presencia en nuestro país de ramificaciones de los más poderosos carteles mexicanos, coordinando el sistema de transporte de los alucinógenos. Asimismo, funcionan sin borrascas en República Dominicana el Cartel del Cibao, con sede en Santiago; Cartel del Este, con sede en un majestuoso oasis turístico de La Romana y Cartel del Sur, con sede en Baní/San Cristóbal, y algunos especulan la existencia del Cartel de San Juan de la Maguana.
Hoy mi mayor preocupación es que es pronunciado –más bien alarmante- el porcentaje de miembros activos de los institutos armados del país implicados en actividades del bajo mundo. Basta hacerle una auditoría visual a algunos altos oficiales, los cuales exhiben riquezas irritantes, que no pueden justificar con su salario.
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El autor es Profesor UASD.
