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En San Juan condenan dos hombres a 10 años de cárcel por traficar con haitianos

Rubén Darío Leyva Aquino y Santo Martínez fueron detenidos por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), el 22 de septiembre de 2019 en la entrada de la presa de Sabana Yegua, en la provincia de Azua, luego de que se estableciera sus vínculos con esos hechos delictivos

San Juan.- La Fiscalía de San Juan de la Maguana obtuvo una sentencia condenatoria de diez años de prisión en contra de dos hombres que fueron enjuiciados en un proceso por trata y tráfico ilícito de 37 migrantes, incluyendo una menor de edad, todos de nacionalidad haitiana.

Los jueces Diógenes Damaso, Angélica Calderón y Eduardo Valdez, del Tribunal Colegiado, dictaron la sentencia en contra de los acusados Rubén Darío Leyva Aquino y Santo Martínez, quienes fueron detenidos por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), el 22 de septiembre de 2019, en la entrada de la presa de Sabana Yegua, en la provincia de Azua, luego de que se estableciera sus vínculos con esos hechos delictivos.

El órgano de justicia detalló en un comunicado de prensa que el acusado Santo Martínez, también de nacionalidad haitiana, era la persona responsable de guiar a sus compatriotas por los caminos que permitían evadir los controles migratorios de la República Dominicana y sirvió de enlace entregando el dinero acordado al nombrado Rubén Dario Leyva Aquino, chofer del autobús marca Toyota, placa No. L038371, año 2006, color blanco, chasis No. JTGFB518801014103, quien intentaba trasladar a los migrantes con destino a la provincia de Azua de Compostela, ocupándosele la suma de doce mil ochocientos pesos dominicanos y dos celulares.

Este órgano persecutor depositó todas las evidencias en el proceso seguido por el fiscalizador Vicente Rodríguez y litigado por la fiscalizadora Hernanda Arias, quienes otorgaron al caso la calificación jurídica establecida en el artículo 2 de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

Este órgano persecutor depositó todas las evidencias en el proceso seguido por el fiscalizador Vicente Rodríguez y litigado en audiencia por la fiscalizadora Hernanda Arias, quienes le otorgaron al caso la calificación jurídica descrita en el artículo 2 de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

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