(XI)
Por Oscar López Reyes
Más del 50% de los electores se fascinaron tanto, en el 2012, con la perorata del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina Sánchez sobre su lance contra la corrupción, que le depositaron su voto, en la más esmerada canoa. Pero, ¡oh, cuánta alevosía en el embeleso de la más insaciable urdimbre y farfullería político-gubernamental!
Maravilla la pluma de burros en papel mojado del programa de gobierno del PLD 2012-2016 en torno al enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, particularmente en su capítulo IV, en el cual gradúa a la más alta velocidad sus tonalidades sobre la “Tolerancia cero a la corrupción, con enfoque participativo y estricto cumplimiento de la ley”.
Mordisquean, en un festín repulsivo, las líneas de acción y políticas públicas contra la impunidad, la falta de confianza y por la transparencia, con el fomento de “Alianza para el gobierno abierto”, el “Portal transaccional de las compras y contrataciones públicas”, y “diseñar e implementar un efectivo sistema de consecuencias”, con “amonestación, seguimiento y castigo para las violaciones de las normas establecidas o aportes insatisfactorios de los gestores públicos”.
Con voz estentórea, el candidato Medina Sánchez pregonó la profesionalización de la Dirección General de Contrataciones Públicas, para asegurar que los procesos de adquisición de bienes y servicios fueran efectuados conforme a la normativa, y apoyar a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas, a fin de que aumentaran la calidad de las auditorías. Igualmente, ofertó robustecer al Ministerio Público con el objetivo de garantizar que los expedientes de corrupción, fraudes e irregularidades fuesen sustentados y mantenidos en todas las jurisdicciones de la justicia.
Arengó, irresolutamente: “Daremos el ejemplo” en la revisión y monitoreo de las declaraciones de los funcionarios”, porque “los bienes públicos son sagrados”.
Desde la presidencia de la República, Medina Sánchez creó una novedosa red de veedores ciudadanos, para acompañar a distintas instituciones en las licitaciones para pactar y adquirir bienes y servicios, a fin de fortalecer la transparencia en las compras públicas y reducir la confabulación y el engaño. ¡Guao! Con ese objetivo dictó los decretos 188-14, 183-15 y 15-17.
Representativos de entidades empresariales, las iglesias católicas y evangélicas, entidades de interés social, periodistas y otros ciudadanos de reconocida trayectoria fueron integrados a las comisiones de veedores, para participar activamente en procesos que iban desde la convocatoria, adjudicación y entrega de los objetos concursados. ¡Genial!
En el buen decir, el Ministerio de la Presidencia buscó tramitaciones y aprobaciones apegadas a la Ley 340-00 sobre contrataciones públicas, en lo que supuso la puesta en vigencia de una política pública de fiscalización y la práctica de una democracia participativa saludable y de un valor infinito. ¡Ea!
Los primeros informes de gestión fueron definidos por los actuantes como positivos. También revelaron que en los órganos oficiales que adoptaron este nuevo mecanismo se redujo -buuu! la entrega por debajo de la mesa de comisiones para conceder contratos, metiendo gato por liebre.
¡Uf! Ministerios e instituciones centralizadas y descentralizadas no seleccionaron a veedores ciudadanos porque –¡rayos!- mostraron desinterés en que los recursos públicos fueran administrados con más claridad y eficacia. La mayoría de las que lo acogieron no respondieron a los requerimientos de informaciones, por lo que no se produjo una sola denuncia ni investigación penal.
Por esa y otras resistencias, las veedurías se volvieron inoperantes y las renuncias de sus miembros retumbaron: ¡Abur!, por sentirse burlados, en vista de que fueron cogidos como mojigatos.
La Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental mostró complacencia y los expedientes presentados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) fueron desechados -plash!- por jueces, en un histórico proceso sin precedentes. ¿Acaso por su flojedad, no obstante la aprobación de más de 30 disposiciones legales relativas al hedor de cohechos?
Como contrahechos, aumentaron el cobro de comisiones para otorgar obras y expedir cheques de pagos, las encuestas señalaron que entre el 2016 y el 2017 la percepción sobre la corrupción subió de un 13.2% a un 33.6%. ¡Uh! Veamos:
Odebrecht. En 2016, la constructora brasileña Norberto Odebrecht admitió que desde 2003 pagó 92 millones de dólares en sobornos en República Dominicana para obtener contratos de obras de infraestructura, y en el gobierno de Danilo Medina operó, en cielo abierto, su Departamento de Operaciones Estructuradas, para corromper en países de América Latina. ¿Le rompieron el pescuezo a la Tolerancia Cero a la corrupción?
Al tomarse las cosas en serio en el gobierno de Luis Abinader Corona, ex funcionarios y allegados de Medina Sánchez salieron a flotes en entramados y encartados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) en expedientes por estafas contra el Estado, tráfico de influencias, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, lavado de activos, operaciones fraudulentas para transferirlos a su patrimonio, sobornos, financiamiento ilícito de campañas políticas, omisiones en declaraciones juradas de bienes, enriquecimiento ilícito y prevaricación, complicidad y otros delitos, estampadas en cinco operaciones bautizadas con nombres de animales marinos.
Anti-pulpo, noviembre de 2020.- El Ministerio Público imputó a 27 personas y 21 empresas en este entramado de corrupción, lavado de activos y maniobras fraudulentas, encabezado por Juan Alexis Medina. Conforme con el órgano acusador, esta armadura criminal acaparó contratos para adjudicaciones, compras, entre otros negocios hacia empresas integradas en su mayoría por testaferros que, a su vez, derivaban los beneficios hacía el hermano del presidente Medina Sánchez. También vinculó a otra hermana del exjefe de Estado, Carmen Magalys Medina, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y a 10 exfuncionarios de su Gobierno. ¿Aprovecharon oportunidades?
¿Cuántos expedientes fueron elevados sobre denuncias de corrupción administrativa?
Caracol, febrero de 2121. Esta operación involucró a los miembros de la Cámara de Cuentas, presidida por Hugo Francisco Álvarez Pérez, a quien la Pepca interrogó sobre el maquillaje de auditorías estatales durante su gestión.
¿Cuántos expedientes fueron instrumentados sobre inmoralidad administrativa?
Operación Medusa, junio de 2021. Operó desde la Procuraduría General de la República, con su titular Jean Alain Rodríguez Sánchez como principal imputado del expediente de estafa al Estado. ¿Se propició, por primera vez en la historia, el incumplimiento de las leyes desde el organismo llamada a cumplirla, y ¿qué se hizo el régimen de consecuencias? ¿Se fortaleció el sistema penal acusatorio? Y ¿se reformó así la justicia, para romper la barrera de la corrupción?
Coral y Coral 5G, noviembre de 2021. Figura como principal imputado el mayor general Adán B. Cáceres Silvestre, exjefe del cuerpo de seguridad del expresidente Medina Sánchez, y contó con el “apoyo irrestricto del principal ejecutivo del país” para la presunta comisión de actos delictivos. Este grupo utilizó tres entidades del Estado: el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur? o Dirección Central de Policía de Turismo (Politur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani). ¿Alguien fue amonestado y castigado por las violaciones de las normas de militares?
Calamar, marzo 2023. Tres figuras cimeras del gobierno fueron arrestadas en el curso de esta operación: el exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo; el exministro de Hacienda, Donald Guererro, y el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. Son señaladas, junto a otras 15 personas, de diversos delitos. ¿Cumplieron y monitorearon declaraciones juradas de bienes de los funcionarios?
Danilo Medina. Las investigaciones sitúan a este ex presidente como el cabecilla de los entablados de estas operaciones marinas. ¿Por qué no ha sido investigado? ¿Habrá otras acciones náuticas/navales?
¿Por qué Danilo Medina proclamó una cosa y obró de otra muy diferente. Visualicémoslo en cinco ejes:
1.- Debilidad afectiva. Sumisamente dejó que familiares y miembros de su camarilla política y militar le ataran los brazos, para que extorsionaran y cargaran con el botín gubernamental, en maniobras financieras más rentables que el narcotráfico.
2.- Reducido por presiones. Facilitó que aportantes de dinero de su campaña electoral se adjudicaran obras y proyectos, despilfarraran el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para el gasto en educación e instalaran una arcacasa corporativista/estatal para que recuperan su inversión por partida múltiple.
3.- Optaría por piñata. Cerró los ojos y los indicios presentados por el Ministerio Público apuntan que, como el avestruz, habría preferido participar, ¡oh testaferros!, en la ruptura de la caja de cartón llena de dulces y juguetes.
4.- Pose y sonrisa falsas. Su discursiva se traza como un montaje ex profeso para ganar votos, y en el gobierno asumió un comportamiento en el brote de la insinceridad y una transparencia fingida.
5.- Alcoholizado con el poder. Endiosado por el poder oficial, llegó a pensar que este era eterno y, en ese deshidratado envanecimiento, movió el esqueleto a riendas sueltas para usufructuar una herencia, cual duque a caballo y con un sombrero de caza y pesca, una fortuna salvaje en una media isla sin leyes, autoridades ni dolientes.
¡Cuánto latrocinio, Danilo Medina!
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