Lo asesinados en La Barranquita tuvieron una muerte rápida, según el Inacif

Los resultados de las autopsias practicadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forense (INACIF) a los cinco hombres asesinados en el sector La Barranquita, en Santiago, confirman que todos fueron acribillados a balazos y que sus muertes se produjeron de manera rápida debido a un shock hemorrágico.

Las autopsias realizadas a Edward Bernardo Peña Rodríguez, José Vladimir Valerio Estévez, Carlos Enrique Guzmán Navarro, Elvis Antonio Jiménez Rodríguez y Julio Alberto Gómez coinciden en un mismo patrón: todos presentaron heridas de proyectil de arma de fuego, con desenlace violento de etiología homicida y un mecanismo de muerte común, el shock hemorrágico que les provocó un deceso inmediato.

Informes de autopsias detallados en el expediente

El informe de autopsia de Edward Bernardo Peña Rodríguez detalla que falleció a causa de heridas de proyectil, lo que provocó un shock hemorrágico que le ocasionó la muerte inmediata. Durante el procedimiento forense se recuperó un proyectil que fue remitido como evidencia.

En el caso de José Vladimir Valerio Estévez, el INACIF precisó que murió producto de impactos de arma de fuego, igualmente asociados a un shock hemorrágico que derivó en un desenlace rápido e inevitable.

Otra de las víctimas fue Carlos Enrique Guzmán Navarro, conocido como El Charly o Charli Chase. El informe forense confirmó que perdió la vida tras recibir heridas de proyectil, y en la necropsia también se recuperó un proyectil, lo que fortalece la cadena de pruebas balísticas.

De igual manera, Elvis Antonio Jiménez Rodríguez fue declarado muerto a consecuencia de disparos con arma de fuego que ocasionaron lesiones letales y un shock hemorrágico fulminante.

La quinta víctima, identificada como Julio Alberto Gómez, alias La Tabla, presentó heridas por proyectil de arma de fuego. En su caso, el INACIF también logró recuperar un proyectil, sumando otra evidencia clave para la investigación.

Ministerio Público apunta a ejecución

El expediente señala que los implicados actuaron bajo un plan previamente organizado, utilizando la coartada de una supuesta investigación en contra de los fallecidos. Entre los investigados figuran 12 imputados, acusados de participar como autores o cómplices.

El Ministerio Público, agregó al expediente que el 24 de septiembre fue recuperado un proyectil mutilado en las inmediaciones del lugar del hecho, elemento que refuerza la hipótesis de una ejecución planificada.

Fue un asesinato sin medias palabras

Sin mediar palabras, un grupo de policías llegó hasta la plaza comercial Corona Plaza, en el sector La Barranquita de Santiago, y abrió fuego de inmediato contra las víctimas. Así lo plantea la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, que describe cómo la tarde del 10 de septiembre de 2025 cinco hombres fueron abatidos en lo que la acusación define como una ejecución extrajudicial cuidadosamente planificada por once agentes de la Policía Nacional.

La solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público ofrece un relato detallado sobre lo ocurrido en la plaza comercial Corona Plaza, en La Barranquita, donde cinco hombres perdieron la vida en un presunto operativo policial. Según las investigaciones, el caso no fue un enfrentamiento, sino una ejecución extrajudicial planificada.

De acuerdo con el expediente, la operación comenzó cuando varios miembros del Departamento de Crimen Organizado y Casos Complejos de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) fueron enviados desde Santo Domingo a Santiago bajo la excusa de dar seguimiento a un supuesto caso de tráfico de armas.

Entre ellos estaban los oficiales José Ignacio Gómez Rodríguez, Domingo de los Santos Vargas, Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez, Adrián Miguel Villalona Pineda y Álvaro Paredes Paniagua. Al llegar, se reunieron en la sede regional de la DICRIM en la base aérea de la avenida Bartolomé Colón con otros agentes: Hansel Michel Cuevas Carrasco, Sócrates Fidel Féliz Féliz, Hairo Mateo Morillo, César Augusto Martínez Trinidad y José Octavio Jiménez Peña. Allí, de acuerdo con la acusación, se coordinó la acción que derivaría en la matanza.

Las cámaras del sistema 911 registraron a los agentes movilizándose a las 2:15 p.m. en tres vehículos, una camioneta Toyota Hilux blanca, un Kia Rio y un Toyota Yaris,  hacia la avenida Olímpica, frente a Corona Plaza.

A las 2:22 p.m. llegó al lugar Carlos Enrique Guzmán Navarro, alias El Charly o Charli Chase, a bordo de un Honda Civic dorado. Minutos después arribó José Vladimir Valerio Estévez en un Kia blanco, seguido de un Mazda en el que se encontraban otras víctimas. A las 2:26 p.m., ya todos estaban reunidos en el parqueo de la plaza.

Fue entonces cuando los once policías descendieron de sus vehículos y, sin mediar palabra, dispararon contra los civiles. En cuestión de segundos, cayeron abatidos Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35 años; Carlos Enrique Guzmán Navarro, de 40; Elvis Antonio Martínez Rodríguez, alias Deivito, de 26; Julio Alberto Gómez, alias La Tabla, de 28; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25. Según testigos presenciales, no hubo intercambio de disparos previo. Solo uno de los propios agentes, el cabo Yohandy Encarnación, resultó herido en medio del tiroteo.

Tras el ataque, comenzó una maniobra de encubrimiento. La testigo Blanca Yris Tavárez Gómez, vecina del tercer nivel de la plaza, logró grabar parte de lo ocurrido, pero varios agentes subieron hasta su apartamento, le arrebataron el celular y borraron las imágenes. Otros policías sustrajeron los DVR de los negocios y teléfonos de personas presentes. Ramón Emilio Abreu Corona, propietario del local Tecnopolis, fue presionado con llamadas para abrir su establecimiento. Cuando llegó, agentes le ordenaron entregar el DVR de seguridad, alegando que habían evitado un atraco.

El levantamiento de los cadáveres estuvo a cargo de la fiscal Cristina Ramírez, junto a la Policía Científica. En la escena se recolectaron armas de fuego, casquillos y proyectiles: un revólver Taurus calibre .38, una pistola Browning 9mm, una Glock .45, un fusil calibre 5.56mm y una Mini Uzi 9mm, además de decenas de casquillos dispersos en el área y dentro de los vehículos. En días posteriores, se recuperaron más proyectiles en los alrededores, confirmando la magnitud de la balacera.

Las autopsias practicadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) confirmaron que las cinco víctimas murieron por heridas de proyectil de arma de fuego. Los informes fueron claros: muertes violentas, de etiología homicida, todas producidas por impactos múltiples y con desenlace rápido a causa de un shock hemorrágico. En cada cuerpo se recuperaron proyectiles, reforzando la hipótesis de un ataque directo y no de un enfrentamiento.

El Ministerio Público sostiene que los once policías actuaron de forma planificada y dolosa, utilizando como fachada una investigación de tráfico de armas. La Procuraduría ha solicitado 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo debido al volumen y gravedad de las pruebas.

La audiencia para conocer la medida de coerción fue aplazada para el 9 de octubre, con el fin de que los abogados defensores estudien el expediente y los familiares de las víctimas puedan estar presentes. El procurador adjunto Wilson Camacho, al explicar la acusación, fue enfático: “Las pruebas que hemos recabado indican que lo ocurrido en La Barranquita fue una ejecución extrajudicial. No permitiremos impunidad. Llevaremos este caso hasta las últimas consecuencias para procurar justicia, tanto para las víctimas como para sus familias”.

El expediente del Ministerio Público deja al descubierto no solo la violencia con que se desarrolló la operación, sino también los intentos sistemáticos de los agentes para borrar evidencias y construir una narrativa distinta. Para las familias de los cinco hombres asesinados, el proceso judicial que ahora se abre representa la única vía hacia la verdad y la justicia, mientras el país observa con atención lo que ya se perfila como uno de los casos más graves de violación de derechos humanos en la República Dominicana.

Los policías sustrajeron DVD y celulares

Los policías involucrados en la muerte de cinco hombres en La Barranquita, Santiago, inmediatamente mataron a las víctimas procedieron de manera evidente a la sustracción de los DVR y los celulares del lugar de los hechos con la finalidad de obstruir la investigación.

Así lo establece la solicitud de medida de coerción pedida por el Ministerio Público a los once policías involucrados en esta masacre, ocurrida a principios de septiembre, que consternó a la sociedad.

El documento indica que esta sustracción es un claro indicativo de que la imposición de medida de coerción a los imputados es la prisión preventiva, para evitar la destrucción de una prueba relevante para la investigación realizada por el Ministerio Público.

El testigo Ramón Emilio Abreu Corona, propietario del establecimiento comercial Tecnopolis, relató que recibió constantes llamadas de distintos números para que procediera a abrir el local, el cual se encontraba cerrado.

Abreu Corona detalla que una vez se presentó al lugar, observó cadáveres en el pavimento, procedió a abrir el local a requerimiento de los policías. Indicó que entre seis y ocho agentes entraron al negocio, donde le manifestaron que habían prevenido un atraco y le dijeron: “no sabe de la que se salvó”.

El testigo agregó que, dentro del establecimiento, los agentes le solicitaron el DVR de seguridad del negocio, el cual fue entregado y retirado por los uniformados.