(III)
Por Oscar López Reyes
Quien ose decir que Danilo Medina ha sido el presidente más corrupto de la historia republicana cometería -como un borracho montado sobre un burro- el más grandilocuente perjurio. Y aquel que afirmare que habrá que glorificarlo como un simulador impenitente, sería un bufón en una camioneta sin puertas, pero el que lo postule como un genio estratégico merecería que lo pongan a bailar con un monito sin dientes. Siendo ecuánime, sí vivaquea -sin melodrama- como un manso niño de teta y un santo barón y, por su transparencia a toda prueba, los vecinos ya no le tocan cacerolas.
No estaría mal que fiscales y jueces le hicieran el saludo militar, entonándole, con solemnidad, el himno nacional de Francia, la Marsellesa, el más conocido y revolucionario del universo, en su sinfonía contra la pretensión de los reyes conjurados, el oprobio de los partidos, las falanges mercenarias y los tigres sin piedad, que desgarran el seno de su madre. Ese cántico tonifica en los grilletes.
Además de cumplir sus palabras con pura religiosidad y exquisito rigor científico, ¡sopla!, Danilo Medina prorratea por su capacidad de ahorros financieros y su habilidad para alejarse de los malos espíritus. Tras juramentarse como presidente de la República, en el 2012, declaró ante la Cámara de Cuentas tener en su alforja 23 millones de pesos, y cuando la abandonó, en el 2020, reveló que se remontó a 28 millones de pesos. O sea, que en ocho años subió apenas cinco milloncitos. ¡Ji, ji, ji, ja, ja, ja!
El mandatario devengaba un salario bruto de 450 mil pesos mensuales, menos 125 mil pesos de impuestos y otras retenciones obligatorias. Si partimos de que el Palacio Nacional mantiene a los jefes de Estado, de los restantes 325 mil restantes destinaba 120 mil a gastos alimenticios y otros rubros, como servicios públicos hogareños, entonces le sobraban 205 mil pesos mensuales. ¡Aleluya!
Los números son divinos, en sus haberes primorosos. Si a la cifra anterior le quitamos la ñapa y la redondeamos en 200 mil y los multiplicamos por 12 (un año), su reserva anual ascendió a dos millones 400 mil pesos anuales. Y en ocho años (el tiempo de su ejercicio gubernamental) sumaron 19 millones 200 mil pesos.
El ex gobernante no explicó por qué su patrimonio sólo agregó cinco miserables millones de pesos. ¿Mal cálculo?, ¿algunas fajas se perdieron en una caleta? o ¿fueron obsequiados? ¿Y los ingresos de la Primera Dama…?
Casi todos los domingos, en horas de la tarde y después de los brinquitos sobre los charquitos de sus visitas sorpresas, visitaba discretamente el Malecón Center, donde caminaba a solas -sin ningún miembro de su seguridad- por un pasillo familiar de una de sus torres. ¿Con cuáles hermanos y cuñados que constan en los expedientes acusatorios se reunía, y para qué…? ¿Acaso platicaba con Miguel Pimentel Kareh?, el poderoso director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), que no ha sonado en ninguna de las operaciones anti-fraudes.
El testaferro no se emborracha con una simple puesta de Sol. No se tuerce ni cojea. Salta como un toro. El prestanombres ha estado en la mirilla de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que profundiza en las operaciones judiciales Antipulpo, que tiene como mollera a Alexis Medina, y Coral, que capitanea el mayor general Adán Cáceres.
La pavorosa Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que martilla en los sesos de los imputados precitados, en el numeral 11 del artículo 2 considera como delitos el testaferrato, el enriquecimiento no justificado, el cohecho, el soborno, el tráfico de influencia, la prevaricación, etc.
En su artículo 2, numeral 26, define el testaferro como “la persona física o jurídica que hace aparentar como propios los activos y bienes de un tercero procedentes de actividades ilícitas y cuyo propietario real no figura en los documentos que dan cuenta de su titularidad”. Este estatuto estipula reclusión carcelaria de hasta 20 años.
Igualmente, acota que “el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo serán considerados delitos extraditables que deberán contar con procesos claros y eficientes, sin lugar a condiciones restrictivas ni poco razonables. La aplicación de la extradición se realizará sujeta a las leyes internas y los acuerdos suscritos por el Estado dominicano con otros Estados”.
Danilo Medina: ¿acaso un testaferrato? Este puritano está protegido, incuestionablemente, por la presunción de inocencia. La PEPCA tiene la penúltima palabra -investigando profundamente para descartar o acusar-, y los jueces la última, para descargar o condenar. Este árbitro encara un dilema: si se depositan evidencias contundentes y no castiga, se calcina en las llamaradas del infierno, y aura en el edén si sanciona en los cogollos de la ecuanimidad y la equidad jurídica.
