(II)
Por Oscar López Reyes
Si en registros de más de 20 instituciones gubernamentales desfalcadas no se encuentra el más simple documento comprometedor, ni las 90 menciones del ex presidente Danilo Medina Sánchez son válidas jurídicamente, sin el más leve resquicio. Si tampoco lo son las confesiones de ex funcionarios y otros sujetos, ¿podrá entonces ser juzgado por complicidad con el peculado, negligencia en los actos de malversación, o por nepotismo?
El artículo 146 de la Constitución de la República avala el proceso contra el ex mandatario, cuando expresa:
“1) Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico.
“2) De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados;
“3) Es obligación, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente.
“4) A las personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada, sin perjuicio de otras sanciones previstas por las leyes, la pena de degradación cívica, y se les exigirá la restitución de lo apropiado de manera ilícita”.
Idénticamente, el Código Penal tipifica la negligencia, el cohecho, el soborno, la coalición de funcionarios, la falsedad de escritura pública, las sustracciones cometidas por los depositarios públicos, la asociación de malhechores y la prevaricación. Fija multas y prisión hasta de 30 años.
Destilando sus esfínteres, se escurre un concentrado concierto volátil en Medina Sánchez y los súbditos suyos, que -en mi libérrima opinión como observante periodístico- actuaron como un caballo desbocado en la sabana, sin límites de ninguna especie.
Con las operaciones Antipulpo, Medusa, Caracol, Larva, Coral y Coral 5G, el Ministerio Público acrecienta su credibilidad, y los hechos están demostrando que los que se roben los recursos del patrimonio estatal cruzarán por la guillotina de la desvinculación oficial y serán puestos al desnudo en los auditorios colectivos, en un sollozar como alacranes borrachos.
La gestión de Danilo Medina franqueó, en el ribete ético-moral, recepcionante, por su carga de estiércol. Esta es mi percepción, que absolutamente nadie puede ponerle cortapisas a su emisión, independientemente de la sentencia real o ficticia de un juez. Yo que, en el 2012, voté por él, me siento burdamente timado, en el cofre del estupro.
Sería nefasto para la Justicia y la democracia que no fuera enjuiciado. Confiamos en que el Ministerio Público cumplirá su palabra, como lo ha hecho hasta ahora: “Todo el que tenga responsabilidad penal será objeto de un proceso, sin excluir absolutamente a nadie”.
La inmunidad del ex mandatario como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacem) no impide que sea sentado en el banquillo de los inculpados. Luego de ser ventilado por la Justicia, el expediente sería presentado a este foro regional, con sede en Guatemala, para su verificación, suspensión de la citada invulnerabilidad, y su posterior arresto.
Ahora, en una desafinada bravata, Danilo Medina habló de cobardía. Si no se siente infractor de actos indecorosos, su ausencia de cobardía y su arrojo han de ponerse a pruebas, despojándose voluntariamente del referido privilegio y acudiendo a la sede del Ministerio Público, sin aguardar una citación. Si lo hace, significa que está dispuesto a enfrentar, con el pecho abierto, los posibles cargos penales en su contra y de que rechaza el refugio de lo que ha sido denominado (el Parlacem), una guarida de delincuentes.
En tanto el hacha va y viene, el Ministerio Público está marcando un hito, en tres dimensiones:
1.- Ha expuesto palmariamente en los tribunales y la opinión pública una trenza delictiva inédita.
2.- Ha decomisado e inmovilizado miles de millones de pesos y dólares, bienes muebles, vehículos de lujo y otros objetos.
3.- Ha aprehendido y sometido a la Justicia a decenas de ex funcionarios, jerarcas militares y particulares, lo que estamos seguros que servirá de escarmiento a los actuales incumbentes gubernamentales, y para comenzar a adecentar la administración pública.
Indudablemente, la finquita sin empalizada de Arroyo Cano –San Juan de la Maguana- mutó, en el vasallaje de una ebriedad sin deslinde, en una gran hacienda/feudo nacional, en una especie de trujillato del siglo XXI. En ese engullir, tenemos que respaldar a la Procuraduría General de la República (PGR), que se ha crecido con la presentación de expedientes robustos, en su batida contra la corrupción pasada y la que -con igual saeta- se empadrone en el presente gobierno.
La inmensa mayoría de los dominicanos cree en las imputaciones formuladas por el Ministerio Público, que son verdaderamente escandalosas y refrendadas por jueces que dictan prisiones preventivas y otras medidas de coerción. Este órgano del Estado está derrumbando las escaramuzas de abogados que no piensan en la Nación, sino en lo pecuniario, como mercurialistas en conciliábulo con la corrupción, que fanfarronean en la pantufla de una pantomima rebosada de Damajuana.
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El autor es periodista-mercadólogo, escritor y artículista de El Nacional,
Ex Presidente del Colegio Dominicano de Periodistas
