Presidente dispondrá en febrero los ascensos y retiros de militares

El presidente Luis Abinader hará ascensos y retiros en las instituciones militares en febrero próximo, de acuerdo con lo establecido en la Ley (139-13) Orgánica de las Fuerzas Armadas.

El Poder Ejecutivo tiene otra vez la oportunidad de retirar a un grupo de generales que se encuentran ilegalmente en las filas, por exceder el límite de edad, rango o tiempo en las instituciones militares, de acuerdo con la normativa.

Recientemente, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea dieron de baja a más de 12,000 alistados que, según las autoridades, estaban en situación de ilegalidad.

Estos despidos se llevaron a cabo, según las autoridades,  como parte de un esfuerzo para “limpiar” las filas de las Fuerzas Armadas y garantizar que todos los miembros estén debidamente autorizados para servir. No obstante, algunos creen que los despidos implicaron maltrato y falta de consideración hacia muchos de los afectados.

En cuanto al mando superior, el presidente es el único con la capacidad de realizar retiros en los rangos de generales y coroneles de las FF. AA; además de disponer, cuando lo considere oportuno,, nombrar y destituir a los altos mandos militares, de acuerdo con la Constitución.

Además de ser ilegal, el exceso de generales representa una carga económica para el presupuesto militar, ya que reciben asignación de vehículos, armas, escoltas, combustible y otros beneficios que afectan las finanzas de las instituciones castrenses.

Sin embargo, no todos desean retirarse después de haber completado su ciclo de servicio, alcanzado cierta edad o rango. Prefieren seguir usando el uniforme y renunciar, por el momento, a una pensión que sería superior al sueldo que reciben como oficiales generales.

Según la legislación que regula las Fuerzas Armadas, solo deberían existir 52 oficiales generales, uno por cada 1.000 militares, pero hay 96 en las tres instituciones castrenses.

Expertos, consultados por reporteros de Acento, proponen revisar las jerarquías de las instituciones militares para asegurar su adecuación a las necesidades actuales.

La legislación 139-13 establece un límite en el número de generales en las Fuerzas Armadas, sin embargo, actualmente hay un exceso de oficiales en esa categoría que supera el límite establecido en la Tabla de Organización y Equipo (TOE) según la normativa vigente.

La TAO es un instrumento organizativo modular que proporciona apoyo para la organización de las fuerzas detallando sus componentes y capacidades, además, regula el número de miembros por plaza. Algo, que, aseguran los oficiales consulados,  se ha venido violentando desde 1996.

La aplicación de la normativa, agrega la fuente,  es crucial para garantizar la integridad y la eficacia de las Fuerzas Armadas, “es insuficiente efectuar ajustes solo en los niveles inferiores de las fuerzas, si se permite la transgresión de la ley en los estamentos superiores,” sostiene.

Además de ser ilegal, el exceso de generales representa una carga económica para el presupuesto militar, ya que reciben asignación de vehículos, armas, escoltas, combustible y otros beneficios que afectan las finanzas de las instituciones castrenses.

Es importante destacar el impacto negativo que tiene en la disciplina y la ética de las Fuerzas Armadas al crear un entorno de preferencia y desigualdad frente a los de rangos inferiores. Pero solo el Poder Ejecutivo pueden llevar a cabo los ajustes que demandan los cuerpos militares.

Los altos oficiales que ocuparon cargos como comandancias generales, viceministerios, inspectorías, cuerpos especializados y otros, dejan de recibir entre 2 y 3 millones de pesos cada año, porque prefieren mantener puesto el uniforme.

Parte del generalato no cumple funciones, algunos enfrentan procesos judiciales y la mayoría ejecutan tareas que antes realizaban oficiales de menor jerarquía.