El gobierno ha a cancelado 62 mil empleados en menos de un año

Viaja desde un campo de la provincia Sánchez Ramírez a la casa de su hija en el municipio cabecera, Cotuí, para luego llegar a la capital en un autobús de transporte público.

Cuando camina, se le ve la edad. Tiene ojos azulados y el cabello canoso recogido en un moño. En su piel ya hay muchas arrugas y su figura luce un poco encorvada.

“Lo que convenía en el caso de ella era pensionarla (por problemas de salud) porque ya tenía 16 años laborando”, argumenta Juan Eulogio Solís, director de la escuela María Consuelo Pérez, donde doña Martina trabajaba de conserje y quien se ha dedicado a acompañarla en el proceso.

La conversación se produce en el Ministerio de Administración Pública, donde doña Martina Ramos debe movilizarse para cumplir con el papeleo y la burocracia estatal.

Juan Eulogio Solís, mientras la señora guarda silencio, explica que en Sánchez Ramírez son varios los cancelados, quienes incluso se reunieron para pagar a un abogado que le hiciera los trámites de lugar.

En aproximadamente 9 meses, casi 63 mil personas perdieron sus empleos en 22 ministerios del país, luego de que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) asumió el poder el pasado 16 de agosto.

Hasta mayo pasado, los departamentos de Recursos Humanos de los ministerios notifican que 62,935 servidores públicos han sido cancelados, cifra que de ese mes a esta fecha ha de haber ascendido.

Tan sólo en el Ministerio de Educación unos 42,786 empleados, todos fijos, fueron desvinculados de sus puestos de trabajo según los datos suministrados a este medio a través de la Oficina de Acceso a la Información (OAI) de la institución.

Este ministerio, dirigido por Roberto Fulcar, es uno de los que mayor plantilla de personal maneja a nivel nacional y, a pesar de que se le presentó el reto de las clases a distancia, fue la entidad que mayor cantidad de personas canceló.

Y también ha sido la institución que mayor cantidad de protestas ha visto pasar por la fachada del ministerio, en reclamo de que se honren los derechos adquiridos de los empleados cesados.

El pasado 21 de junio, Fulcar dijo que agiliza los procesos y trámites para concluir con la entrega de las prestaciones laborales al personal desvinculado de la institución y que aún queda pendiente de pagos.

Personal administrativo, personal de apoyo, secretarias, conserjes, o incluso como cocineras. Tal es el caso de Cristina Maribel Brown, quien a finales de junio, al asistir al banco a cobrar su salario habitual, descubrió que no tenía dinero.

Brown estaba nombrada como cocinera en un liceo de San Pedro de Macorís aunque allí “hacía de todo”. Como desde hace meses estaban desvinculando personal, ella decidió consultar su situación en la regional a la que pertenece y le notificaron que en el distrito escolar le aguardaba su carta de cancelación.

Aunque era consciente de la posibilidad de su despido “por el cambio de gobierno”, el hecho le tomó por sorpresa porque no es dirigente política y hoy la falta de empleo ha hecho que sus hijos tengan que costearle algunas de sus necesidades en lo que vuelve a conseguir una fuente de ingreso.

Igual es el caso de una exempleada de Salud Pública que pidió reserva de su nombre. La dama ingresó a esa institución en 2002, con apenas 19 años, a casi dos décadas de servicio y luego de pasar por distintas posiciones fue notificada de su desvinculación el 7 de junio pasado.

“Fue injustificada, la ley dice que para desvincular un empleado tiene que tener tres faltas graves  y una amonestación de un tercer grado y yo nunca tuve falta, al contrario el año pasado fui reconocida como empleada del año”, agregó quien ingresó a ese ministerio como vigilante de salud ambiental y terminó ejerciendo como coordinadora de salud ambiental.

Misma situación vive Maribel Díaz, que era promotora de salud en Neyba, hasta febrero pasado. Luego de 11 años en servicio, ayer visitó el Ministerio de Administración Pública a buscar el monto que le corresponde según la totalidad de los años que laboró en Salud Pública.

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