| Francisco Alberto Durán Rosario (Francis) |
El juez de la Unidad de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó un año de prisión preventiva en contra de uno de los acusados de asesinato de una pareja de envejecientes ocurrido en el sector de Gazcue, el pasado martes.
El juez José Alejandro Vargas dispuso que Francisco Alberto Durán Rosario (Francis) cumpla la medida de coerción en la cárcel del 15 de Azua.
En tanto que a Yoel Antonio Mañón Pimentel (Cacón), otro de los implicados en el asesinato de María del Carmen Revalderia Cordero y Carlos Carrera Amil no se le ha conocido medida de coerción.
El hecho ocurrió en fecha 26 de junio del año 2017, aproximadamente a las 5:00 de la tarde, en la calle Rosa Duarte, edificio residencial El Escorial V, del sector Gascue.
De acuerdo con el expediente, luego de realizar sus labores como conserje en el residencial, Durán Rosario fue al apartamento de las víctimas y le infirió varias puñaladas a la dama.
“Durante el ataque contra María del Carmen, el imputado escuchó la puerta de entrada a la casa abriéndose, por lo que se detuvo y se escondió detrás y cuando la víctima Carlos Carrera Amil entró, el imputado de inmediato arremetió contra él y le infirió varias estocadas” detalla la Fiscalía.
Agrega que después de cometer los asesinatos, sustrajo de la residencia la suma de siete mil pesos dominicanos, treinta euros y el vehículo marca Hyundai, modelo Accent, color blanco, placa A591853, propiedad de las víctimas.
Detalla el informe que tras emprender la huida, Francisco Alberto se dirigió en el vehículo a la casa de su amigo Yoel Antonio Mañón Pimentel (a) Cacón en Los Alcarrizos, pero al no encontrarlo allí se fue a buscar a su pareja, menor de edad, a quien le contó lo sucedido.
La Fiscalía dice que el imputado, en horas de la noche, quemó la ropa que había usado, en una cañada cercana, con el objetivo de desaparecer evidencias del hecho, y planificó un viaje a Azua para el día después, 27 de junio, día en el que fue encontrado el vehículo, abandonado en un terreno baldío.
El Ministerio Público, representado por el procurador fiscal Waner Alberto Robles de Jesús, le ha otorgado al presente caso la calificación jurídica de violación a los artículos 296 y 302 y 304, 379, 382 y 386-2 del Código Penal Dominicano, así como 83 y 86 de la Ley 631-16 para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados.
