El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski sigue perdiendo apoyos tras su decisión de conceder un indulto humanitario al autócrata Alberto Fujimori, jefe de Estado entre 1990-2000 condenado a 25 años por graves violaciones a los derechos humanos y corrupción y encarcelado desde 2005. A mediodía del miércoles, luego de recibir decenas de mensajes de personalidades del mundo de la cultura que reclamaban su dimisión, el ministro de Cultura, Salvador del Solar, conocido actor y director de cine, comunicó su renuncia vía Twitter. El consejero presidencial ad honorem Máximo San Román también dimitió. San Román fue vicepresidente del primer gobierno de Fujimori, y se retiró luego del autogolpe de 1992. Ahora era un apoyo importante de Kuczynski que le abandona, como antes hicieron tres parlamentarios clave y el ministro del Interior. También dimitió el presidente ejecutivo de los medios de comunicación del Estado, Hugo Coya.
Del Solar estuvo de licencia en España una semana, y conversó el martes con el presidente. “He presentado mi renuncia al cargo de Ministro de Cultura. Agradezco al presidente de la República por haberme dado la oportunidad de servir a nuestro país”, comunicó el cineasta en la red social el miércoles, minutos antes de la ceremonia de toma de posesión del nuevo ministro de Interior, el exjefe de la Policía Nacional Vicente Romero, a la que debía asistir todo el gabinete.
El predecesor en Interior, Carlos Basombrío, presentó su renuncia antes de la decisión del indulto, durante la crisis política que desató la mayoría fujimorista al plantear la destitución del presidente.
Los problemas se le acumulan a PPK, que el jueves deberá declarar ante la fiscalía por sus vinculaciones con el caso Odebrecht. También lo hará eses mismo día Keiko Fujimori por la presunta financiación de sus campañas electorales de la compañía brasileña. Los parlamentarios de Fuerza Popular –el partido de los Fujimori–difundieron hace dos semanas una lista de depósitos de la transnacional brasileña Odebrecht a dos empresas con sede en Estados Unidos: una de PPK y otra de su socio chileno Gerardo Sepúlveda. Los pagos se realizaron entre 2004 y 2013. Después de desatar el escándalo, solicitaron la ‘vacancia’ presidencial que fue debatida el jueves 21 en el Parlamento. El presidente se salvó con los votos de diez fujimoristas disidentes, encabezados por Kenji Fujimori, el hijo menor del autócrata, quien negoció con Kuczynski el indulto a cambio de no votar por su cese.
La sangría en el equipo del presidente no cesa. El presidente ejecutivo del Instituto de Radio y Televisión del Perú, el escritor y periodista Coya, envió una carta al mandatario señalando que “con una mezcla de emociones” comunicaba su renuncia. La noche del lunes 25, durante una protesta en el centro de Lima contra la decisión de Kuczynski de indultar a Alberto Fujimori, el camarógrafo de la televisión estatal Jesús Saavedra fue golpeado y pateado por agentes de la Policía Nacional. Los agentes intentaban evitar que grabe el rostro de los policías que agredían a manifestantes.
Mientras tanto, familiares de las víctimas del Grupo Colina, el destacamento del Ejército que realizaba ejecuciones extrajudiciales y desapariciones durante el Gobierno de Fujimori, anunciaron en una conferencia de prensa que continuarán las acciones legales para lograr la anulación del indulto.
“Fujimori asesinó a mi hijo, ahora Kuczynski terminó de asesinar al resto de la familia”, lamentó Javier Roca, padre de Martín Roca, un estudiante universitario desaparecido en 1993 luego de ser detenido por miembros de la Marina.
“Vamos a seguir denunciando que el Estado no atiende los derechos de las víctimas y hay ciudadanos que parece que pesan más que otros”, añadió Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz, uno de los nueve estudiantes de la Universidad La Cantuta que fueron asesinados y desaparecidos por el Grupo Colina. El caso fue uno de los que provocó la condena a 25 años de prisión para Fujimori.
Varios organismos internacionales han rechazado la concesión del indulto. El representante de derechos humanos de la ONU para América Latina, Amerigo Incalcaterra,el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao; y las ONG estadounidenses Human Rights Watch, CEJIL y Washington Office for Latin America aluden a las fallas en el trámite seguido por el Ministerio de Justicia.
Además, el director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Roger Rodríguez, renunció el martes a su cargo, en protesta por el indulto que califica de “político” y no humanitario. Otros dos funcionarios del área de derechos humanos de la misma entidad presentaron su renuncia por el mismo motivo.
