Quiero que todos los culpables de propiciar y adelantar sobornos, y en especial aquellos que los recibieron, sean procesados ante la justicia, y castigados por sus delitos. Entiendo y comparto, por igual, la sed de justicia que deambula entre los dominicanos, y aquilato el paso de avance que representará sabernos ante un sistema judicial eficiente, diligente, eficaz, justo y equitativo. Yo también anhelo la existencia de un mejor país, para disfrute de las generaciones presentes y futuras.
Creo que no hay democracia verdadera sin institucionalidad, y reconozco al sistema judicial como piedra angular de ambos. Sin embargo, también soy de la opinión, que tanto la institucionalidad como la democracia son procesos, no resultados, y por lo tanto, siempre será más importante, por ejemplo, la calidad de los procesos electorales, que el resultado de los mismos, en términos de ganadores y perdedores. Sostengo con absoluta convicción, que esta misma lógica funcional aplica al sistema judicial, y es a partir de este razonamiento que considero que la decisión de dictar prisión preventiva contra ocho de los 14 imputados por el caso Odebrecht, agrede peligrosamente nuestro Estado de derecho.
Lo jurídico
Aunque hoy muchos celebren esto como una victoria de quienes claman justicia, sobre aquellos que siempre se salen con las suyas, realmente no lo es, y más bien, es un espaldarazo a un populismo judicial —probablemente bien intencionado—que busca resarcir nuestra dilatada sed de justicia con un único malletazo.
¿Por qué planteamos lo anterior? Porque la prisión preventiva jamás debe funcionar como condena anticipada. Según nuestro Código Procesal Penal, las medidas de coerción tienen carácter excepcional, lo que quiere decir que estas no pueden considerarse la norma, y que las mismas solo se aplicarán por el tiempo que resulte absolutamente indispensable a los fines de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, pero, ¿se había sustraído alguno de los imputados del proceso investigativo cuando fueron requeridos por el Ministerio Público? La respuesta es no.
Sobre la procedencia de la aplicación de medidas de coerción, el artículo 227 del mencionado código explica que procederá la medida de coerción, cualquiera de las contempladas, solo cuando se cumplan tres de las tres circunstancias previstas, y cuya segunda es el peligro de fuga. El artículo 234, acerca de la prisión preventiva, establece que esta solo es aplicable cuando no pueda evitarse razonablemente la fuga del imputado mediante la imposición de una o varias medidas de coerción que resulten menos gravosas para su persona. ¿Existía el temor de fuga de los imputados? pero, ¿por qué? Estos siempre acudieron por ante al Ministerio público cuando les fue requerido. De hecho, varios de los imputados llegaron a viajar durante la fase previa, y todos retornaron al país, aún sabiendo que eran investigados por este escandaloso caso. ¿Consideró el magistrado Ortega Polanco que colocándoles, por ejemplo, localizadores electrónicos, prisión domiciliara, más la presentación periódica ante un juez o cualquier otra autoridad, aún existía una brecha donde la fuga era “razonablemente” posible? De ser así, ¿por qué no se fugaron antes?
Lo realmente “razonable” sería preguntarse hacia dónde y cómo huirían Andrés Bautista, Ángel Rondón, Temístocles Montás o Victor Díaz, con las medidas de coerción enunciadas más arriba, sin documentos de viaje, y con los ojos del país y de Estados Unidos puestos sobre ellos.
El juez y el político comparten más características de las que a veces se piensan. Los jueces, tal como los políticos, son servidores públicos, y a tales fines son elegidos para tomar decisiones justas aún cuando parezcan injustas; o para decantarse por lo odioso en lugar de lo popular, cuando la democracia y la institucionalidad lo demanden. Así como el político comprometido y responsable sabe que un aumento de los impuestos será aborrecido pero necesario, el juez justo sabe que a veces conviene al Estado de derecho y a la institucionalidad decisiones que serían altamente impopulares, como en efecto hubiese sido el no dictar prisión preventiva contra unos imputados que la opinión pública y la sociedad ya condenó. No obstante, tampoco tendríamos que sorprendernos: en sociedades como la nuestra, con baja conciencia y cultura ciudadana, siempre se aplaude lo gracioso sin considerar lo sustancioso, y de ahí que hoy una parte significativa de la ciudadanía considere correcto lo acontecido, a pesar de que la vasta mayoría de la comunidad jurídica comparta, en esencia, lo esbozado hasta este punto.
Sin embargo, no todo lo relativo a este caso es jurídico. El mismo tiene amplias y profundas implicaciones políticas que merecen ser consideradas.
Lo político
Las cosas son como siempre han sido, hasta que un día ya no lo son. Sé que una extensa mayoría de quienes exigían justicia en este caso, dieron siempre por sentado que no se tocaría a los integrantes de las altas esferas políticas del país, porque así siempre había sido, para luego observar atónitos cuando eran conducidos hacia el Palacio de Justicia miembros del Comité Central y del poderoso Comité Político peledeísta, así como destacados miembros de la oposición política. Este caso, sin espacio a dudas, ha marcado hitos y roto algunos mitos. Y aunque persista el clamor de que faltarían más sobornados en el caso Odebrecht, por el curso de los acontecimientos y por el hecho de que las informaciones sensibles y medulares sobre este no se generaron en nuestro país, quienes así piensan pueden estar seguros de que solo sería un asunto de tiempo hasta conocer la identidad de los demás presuntos implicados.
Lo sucedido en los últimos días, naturalmente, tendrá un impacto sobre los partidos políticos y sobre sus dirigentes. Intuimos que la legitimidad y la autoridad moral de ambos, continuarán erosionándose al mismo ritmo con que vayan trascendiendo a la opinión pública los detalles del caso. El PLD, a pesar de ser el partido que más ha contribuido al desarrollo económico y social del país, y el que mayor legado puede exhibir en los ámbitos legales e institucionales en materia de la lucha contra la corrupción, atraviesa por una situación donde están dados todos los elementos necesarios para dar paso a una crisis política de potencial devastador, capaz de dar al traste con su permanencia en el poder. Todo dependerá de cómo éste reaccione en los distintos momentos que han de venir.
El principal partido de oposición política también se ha visto enlodado, y conforme continúen las investigaciones, existe la posibilidad de que más actores del sistema de partidos tradicionales sean alcanzados por la red investigativa del Ministerio Público. Empero, asumir que el impacto del caso Odebrecht se llevará de plano a los protagonistas de siempre, abriendo paso sin obstáculos a los nuevos actores que aspiran a arrebatar la primacía política, es no conocer a profundidad al elector dominicano. Estamos de acuerdo con la idea de que este caso podría estar sembrando la simiente de un proceso de Destrucción Creativa para la clase política, pero esto bien podría significar, simplemente, una coyuntura donde se reconozca la necesidad de renovar y relanzar a los partidos tradicionales y a su dirigencia, y que esto sea suficiente para que se preserve la actual correlación de fuerzas.
La anterior no es una lectura pesimista ni optimista, sino únicamente realista. Dos preguntas incluidas en la medición de la Corporación Latinobarómetro, en su edición de 2016, ilustran claramente lo que deseo transmitir: Las instituciones que menos confianza generan, desde hace ya varios años, tanto en República Dominicana como en la región, son los partidos políticos, encontrándose estos en último lugar en las mediciones de confianza institucional.
A pesar de que esto constituye una tendencia de años, nuestros ciudadanos siguen siendo unos de los más militantes en torno a partidos políticos tradicionales de toda la región, donde estos (los partidos) continúan representando más del 95% de la totalidad de la votación registrada, proceso tras proceso. Por último, ante la pregunta de que si se estaba de acuerdo con que se puede pagar el precio de cierto grado de corrupción en el gobierno, siempre y cuando se resuelvan los problemas del país, el 65% de los dominicanos contestó favorablemente, colocándonos en primer lugar en toda la región, y 26 puntos por encima del promedio de respuestas afirmativas registradas en los demás países.
Estamos seguros de que el caso Odebrecht traerá muchas sorpresas más, con excepción de dos: primero, que si en materia judicial nos apartáramos de lo legal y lo racional, aunque apresen y humillen a todos los que dicte y desee el populacho, no saldrá fortalecido el sistema de justicia ni la institucionalidad; y segundo, que conociendo las cualidades del elector dominicano y sin haber hecho el trabajo de campo, esperemos que surjan de la nada nuevos actores políticos que desplacen a los anteriores. Después, cualquier cosa es posible.
