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Estructura como la del Abusador no opera sin la complicidad del Estado
Es la afirmación de Servio Tulio Castaño Guzmán, quien también señaló que en la República Dominicana hace falta la Ley de Extinción de Dominio
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, aseguró ayer que es imposible que una estructura como la que tenía César Emilio Peralta (el Abusador) operara en el país sin la complicidad del Estado.
“Es imposible que una estructura de mafia de esa naturaleza opere sin la complicidad del Estado”, afirmó Castaño Guzmán, quien también señaló que en la República Dominicana hace falta la Ley de Extinción de Dominio.
“Aquí nos hace falta una ley y es la de extinción de dominio, porque se nos están dando estos casos, donde los capos son dados en extradición, negocian fuera del país y cuando llegan a suelo dominicano vienen a reclamar todos los bienes que fueron producto de actividades ilícitas, y nuestra actual estructura legal permite que esas cosas pasen”, apuntó.
El representante de Finjus habló del tema tras participar en el reconocimiento a un grupo de alcaldes que durante su gestión han hecho aportes importantes a sus municipios.
Indicó que el sistema judicial dominicano le da la facilidad a un narcotraficante de lavar sus activos, solo con el hecho de cumplir condena en los Estados Unidos.
Sobre las denuncias realizadas por Marcha Verde, de que en el país hay 134 casos de corrupción y ninguno ha sido resuelto, Castaños Guzmán dijo que a lo largo de la historia esa es la realidad.
“Cuando ves históricamente lo que ha pasado en materia de corrupción en la República Dominicana, parecería que las instituciones no tienen respuestas adecuadas a los casos que se les someten. Nosotros como fundación estamos planteando la posibilidad de que se hagan algunas reformas corporativas a lo interno de los actores del sistema de justicia y a lo interno de la propia Cámara de Cuentas, que es el órgano rector del sistema nacional de control”, señaló.
Dijo que la principal herramienta que tiene el país para detectar casos de corrupción es la Dirección General de Impuestos Internos y las autoridades no la utilizan.
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