Opinión

Un interrogatorio vil y repudiable que amerita una sanción/ Omar Ureña

Ningún ciudadano carente de autoridad tiene potestad de amarrar a otro, para tratar de conseguir la verdad sobre cualquier asunto

Por Omar Ureña
Usando el sentido común no hay que ser especialista de ninguna rama del saber para darse cuenta que al ciudadano haitiano Yenson Pierre, asesinado presuntamente por una turba de haitianos en la comunidad La Ciénaga del distrito municipal El Pinar, le fueron violentados sus derechos como persona, por gentes de esa comunidad que lo interceptaron en la parte céntrica El Pinar y llevado hasta La Ciénaga, a una casa de una familia para amarrarlo y a través de métodos irregulares inducirlo a que declare sobre una situación de robo en contra de una señora que fue víctima de atraco, supuestamente por el occiso y otras dos personas, uno de los cuales guarda prisión.
República Dominicana tiene una Constitución y leyes que establecen los mecanismos, para que si un ciudadano sea dominicano o extranjero comete una infracción se use el procedimiento correcto de ser llevado ante la autoridad competente para determinar su vinculación a cualquier hecho delictivo.
Ningún ciudadano carente de autoridad tiene potestad de amarrar a otro, para tratar de conseguir la verdad sobre cualquier asunto.
Por más apartada que sea la comunidad, sus residentes deben actuar apegados a las leyes, porque no vivimos en una jungla, sobre todo, que el destacamento policial donde fue interceptado el ciudadano haitiano estaba más cerca, que la comunidad donde fue llevado a practicarle el interrogatorio ilegal.
No estoy y nunca estaré de acuerdo con el salvajismo, la acción perpetrada es un acto vil y repudiable, ya que si el extranjero cometió el delito de atraco a la señora debieron notificarlo a la autoridad competente.
¿Qué código del país facultad a turbas autoproclamarse investigadores?
¿Qué ley o en que parte de la Constitución está establecido que cualquier ciudadano puede vulnerar los derechos de los demás?
Para terminar los dejo con esta máxima que dice así: “El ejercicio de un derecho no se justifica cometiendo una ilegalidad“.
¡ Sí ombe sí!
El autor es periodista de San José de Ocoa
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