Por Rosario Espinal
Debería avergonzar a los legisladores dominicanos, que siendo el año 2018, sigan barajando la aprobación del nuevo Código Penal por las tres causales del aborto, disque amedrentados por las iglesias. Porque estemos claros, puritanismo religioso no es.
En América Latina solo quedan cuatro países donde se prohíbe totalmente el aborto: Honduras, El Salvador, Nicaragua y la República Dominicana. En buena compañía no anda este país.
Honduras y El Salvador han sido gobernados, la mayor parte de su historia, por militares y ultraderechistas. Nicaragua tenía despenalizado el aborto por causales, hasta que el izquierdista Daniel Ortega negoció con las iglesias penalizar el aborto para que lo dejaran implantar su mini dictadura.
En la República Dominicana, donde supuestamente existe una democracia, parece que muchos legisladores no se han percatado. Siguen en sintonía con Trujillo y Balaguer.
Aprobar las causales no significa que se obligue a nadie a hacerse un aborto. Significa que se podrá hacer sin riesgo de ir a la cárcel para el personal médico y la mujer embarazada, en tres situaciones específicas: 1) cuando peligra la salud o vida de la madre, 2) en caso de violación e incesto, o 3) cuando el embarazo sea científicamente inviable.
¡Es sensato! ¿O no? Solo mentes arcaicas, entronadas en el poder masculino feudal pueden argumentar en contra de que se pueda interrumpir un embarazo en esas situaciones.
En un artículo anterior plantee lo siguiente, que repito.
Desde la Edad Media, las sociedades que han intentado acercarse a la modernidad y alcanzar algún tipo de democracia protectora de derechos, han tenido que contener el poder de las religiones.
¿Por qué? Se supone que las religiones existen para hacer el bien, para acompañar en momentos de dificultad, para comprender. El problema es que, con frecuencia, su propósito es imponer un dogma, y los dogmas son rígidos, atan, obligan.
El cristianismo y el judaísmo, al emigrar a Europa, tuvieron que hacer algunas adaptaciones en las democracias emergentes; dejar que los parlamentos, presionados por los pueblos, otorgaran derechos. Estados Unidos tuvo que declararse acogedor de todas las religiones, sin que ninguna predominara, para desarrollar un Estado moderno. Los países musulmanes no salen de un tollo por el poder omnímodo de la religión y las teocracias; pero hasta en esos países se han aprobado las causales.
Los seres humanos han vivido a expensas de las religiones por razones entendibles. Las religiones prometen la salvación en el más allá, ilusión potente. Todos queremos redención, creer que hay otra vida. Nos cuesta aceptar que somos finitos, que moriremos.
Pero en la República Dominicana, se supone, no hay un Estado teocrático. En eso tienen que enfocarse los legisladores para que entiendan que su función no es legislar a favor de los jerarcas de las iglesias, sino a favor de los derechos de la población.
Repito, aprobar las causales no significa que nadie tenga que hacerse un aborto. Significa que, en las tres situaciones indicadas, cuando la mujer lo necesite, puede hacerlo.
He dicho reiteradas veces, en distintos contextos, que en política no hay consenso. Se libran batallas. El tema del aborto no se puede conciliar con los jefes masculinos de las iglesias porque ellos no tienen interés en otorgar derechos a las mujeres, aunque las iglesias están llenas de mujeres.
Los legisladores dominicanos enfrentan otra vez la disyuntiva: legislan para complacer a los jerarcas de las iglesias, o legislan a favor de los derechos de las mujeres. Así de simple. ¡Elijan ya!
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