Brasil vive este domingo un conflicto judicial por la liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, preso y condenado por corrupción. El juez de apelación Rogerio Favreto, del Tribunal Regional Federal 4, ordenó esta mañana su puesta en libertad urgente, pero su decisión no se ha llegado a ejecutar. Tras haber sido cuestionada por el juez Sérgio Moro, responsable del caso Petrobras en la primera instancia judicial, un tercer juez bloqueó la orden de excarcelar el expresidente. Pero Favreto ha insistido en su decisión esta tarde, al decretar otra vez la liberación del político. La decisión final está en manos del presidente de Carlos Eduardo Thompson Flores, el presidente del tribunal. Le toca a él solucionar el conflicto.
Favreto, que estaba de guardia en el Tribunal Regional Federal 4, aceptó la petición de habeas corpus presentada por diputados del Partido de los Trabajadores (PT) para que el exmandatario abandonara la cárcel en la que se encuentra desde el pasado 7 de abril. El líder del Partido de los Trabajadores cumple una condena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y blanqueo de capitales por aceptar un tríplex de lujo en Sao Paulo como pago de la constructora OAS por sus favores políticos.
La orden de excarcelación dictada por el juez Favreto ha desencadenado una pugna judicial, en la que también ha intervenido el juez federal Sergio Moro —quien condenó a Lula en primera instancia a nueve años y seis meses de prisión—. Moro dictó un auto en el que cuestionaba la competencia del magistrado que ordenó liberar a Lula.
El juez de apelación ordenó que “se cumpla con urgencia” la excarcelación por parte de cualquier autoridad policial presente en la cárcel de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, donde se encuentra recluido Lula. La liberación de Lula ha sido decidida por el Tribunal Regional Federal-4, una corte de segunda instancia, inferior a la Suprema Corte, que ya había negado peticiones de habeas corpus a Lula.
El juez Favreto argumentaba su decisión en que la pre-candidatura de Lula a las elecciones del próximo octubre (la candidatura oficial solo puede ser anunciada en agosto) es un “episodio nuevo” que afecta a la condición de preso de Lula, por lo que se debe permitir su plena libertad para que pueda cumplir la aspiración de participar de hecho en el proceso democrático. El juez señala también ilegalidades en la decisión de encarcelar al expresidente. En su opinión, existe una “ausencia de fundamentación”, por no haber respetado la posibilidad de presentar recursos a los que Lula aún tenía derecho antes de ser detenido.
El juez Sergio Moro, encargado de las investigaciones de la Lava Jato en Brasil, sobre la trama de corrupción de Petrobras, y enemigo número uno de Lula, puso en duda que el juez Favreto tenga potestad para ordenar la puesta en libertad del expresidente, cuando los tres jueces de ese tribunal ya habían decidido lo contrario. “Es autoridad incompetente para sobreponerse a la decisión conjunta de los jueces del TRF-4 y de la corte Suprema”, escribió el titular de la Justicia en Curitiba, en el Estado de Paraná, donde Lula está preso. Una fiscalía regional que actúa en la misma jurisdicción que el TRF-4 también se manifestó en contra. Tres expertos entrevistados por EL PAÍS dicen que el juez de guardia sí tenía poder para llevar adelante la decisión de excarcelar a Lula. Todo indica que este nuevo episodio va a incendiar la batalla jurídica que se estableció en Brasil desde que comenzó la investigación judicial del caso la Lava Jato en 2014.
El exdirigente sindical ha agotado prácticamente la segunda instancia y solo le queda acudir a los altos tribunales —el Supremo y el Constitucional— para revertir la condena. Si llega a ser firme, la impediría que pueda presentarse en las elecciones presidenciales del 7 y 28 de octubre.
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