Mientras decenas de mujeres se manifestaban en la parte frontal del Congreso Nacional en favor de que el Código Penal sea aprobado acogiendo las observaciones del Poder Ejecutivo, que permite el aborto en causales, la Cámara de Diputados envió el proyecto a la comisión de Justicia, que preside Henry Merán.
Previo a este procedimiento, la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, recordó que la pieza aprobada con anterioridad había sido suficientemente debatida, pero procedía enviarla a comisión. Esto en medio del bullicio de sus colegas a favor y en contra de la legislación.
La congresista hizo referencia a lo contemplado en el artículo 102 de la Constitución sobre el procedimiento a seguir en estos casos.
A principio de mes, el Senado rechazó las observaciones del Poder Ejecutivo que permitirían la interrupción del embarazo en situaciones de riesgo para la madre o el feto, cuando haya sido producto de violación o en caso de incesto.
El primer mandatario, en misiva enviada al Senado el pasado 19 de diciembre sugirió cambios en los artículos 107 y 110.
“La interrupción del embarazo por causa de violación, incesto o por malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada, estarán sujetos a los requisitos y protocolos que se establezcan mediante ley especial”, indicó el mandatario.
Para las 9:00 de la mañana estaba pautada una visita de monseñor Francisco Ozoria Acosta y monseñor Benito Ángeles a la presidenta de la Cámara de Diputados, pero fue informado que se suspendió.
Manifestación. “Es mi cuerpo, yo decido”, “sin aborto no hay justicia” y “por los derechos a la salud y la vida de las mujeres”, “Es mi derecho decidir si interrumpo o continúo un embarazo”, eran algunas de las consignas externadas por los manifestantes.
Decenas de personas de diferentes denominaciones religiosas articulados en la Alianza Cristiana Dominicana, así como grupos feministas pidieron a los diputados rechazar el proyecto que le remitió el Senado por no contener las observaciones del presidente Danilo Medina.
Representantes de la Alianza Cristiana explicaron que si se mantiene la penalización absoluta de la interrupción del embarazo, como hizo el Senado, nueva vez se estaría legislando en contra de las niñas, adolescentes y las mujeres pobres de República Dominicana, quienes morirían en procesos de abortos ilegales e inseguros y en escenarios de injusticia, inequidad y discriminación.
Hicieron un llamado a las altas instancias eclesiales para que cesen las presiones, “porque eso no responde a los valores cristianos”.
